EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT

Focus: Economía
Fecha: 12/04/2018

Hay muchas razones para explicar por qué dos millones largos de ciudadanos catalanes se han dado de baja administrativamente del Estado Español. No vamos a insistir en ello, pues la abundancia de motivos hace innecesario tratar de seguir indagando.

Pero, ¿cuál es la razón esencial por la que los miembros de las clases extractivas del Estado tengan una obsesión casi patológica con la “unidad de España”? ¿A qué se debe esa mezcla de patriotismo canoso (que lleva a una ristra de ministros a entonar himnos legionarios) con rimbombantes declaraciones autoproclamándose un “Estado de Derecho”? Todo esto suena a Living Theatre”, cuando Judith Malina y Julian Beck, en lo sesenta del siglo pasado, saltaban del escenario a la platea y acorralaban a unos burgueses espantados.

Apartemos las bambalinas y los fuegos de artificio. Lo único que les importa es la posibilidad de que se les hunda el tinglado. Look for the money, guy”.

En términos económicos, las relaciones entre Catalunya y el Estado Español son relaciones asimétricas, descompensadas. Nadie discute esto. Las diferencias son de matiz. El dato escueto y aceptado es que por cada euro que los catalanes (ciudadanos, empresas e instituciones) pagamos al fisco (la Hacienda del Estado), nos quedan sólo 60 ó 65 céntimos, y con ello no cubrimos nuestras necesidades. Que luego nos “presten” 20 céntimos a través del FLA y nos cobren intereses por ello, es un retorno a los chistes de Otto y Fritz, que hacían las delicias de los niños de la posguerra.

Cuando se cita el “sistema de financiación” como un modelo fiscal, se dice una soberana estupidez. Financiar es prestar o dotar dinero para que alguien realice una actividad. Catalunya no necesita ningún sistema de financiación; con los recursos que genera tiene más que suficiente para acometer el gasto público corriente e invertir en lo necesario.

Pero en ese caso, la asimetría desaparecería y con ella también desaparecerían las razones que la determinan.

Veamos algunos números.

 

El Consejo General de Economistas de España, que cuenta con todas las bendiciones del Estado, ha publicado recientemente un informe con el título “Riesgos e incertidumbres de futuro de la economía española”. Sus autores son Antonio Pulido y Julián Pérez, siendo el primero catedrático emérito de Econometría y director de Ceprede (Centro de Predicción Económica) y el segundo director del departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de la Autónoma de Madrid. Pulido San Román es un pata negra de las predicciones económicas, al que se le reconoce un gran rigor en el análisis de datos.

El informe es muy amplio y maneja muchas variables de distinta naturaleza. Nos vamos a centrar únicamente en el apartado que se dedica a “qué pasaría si Catalunya tomara como referencia el denominado “cupo vasco”, que supone administrar los propios recursos impositivos y contribuir únicamente con una cuota, a unos supuestos “gastos generales” del Estado”.

Los autores interpretan que el Déficit Fiscal de Catalunya (lo que paga frente a lo que recibe) es aproximadamente el 5% de su PIB (el 5% de 210.000 millones de euros, o sea unos 10.500 millones de euros). Es una interpretación a la baja (probablemente debida al método de cálculo considerado – el de beneficio – que tiene escasa racionalidad por su carácter subjetivo y discrecional), frente a la banda del 6,5 al 8,7% que es la cifra estimada en la mayoría de los estudios realizados por distintos grupos de académicos, tomando como base el método del flujo monetario (tanto entra, tanto sale).

Vamos a dejarlo pues en la hipótesis menos favorable para los intereses catalanes: sólo 10.500 millones de euros. Pero si este dinero se queda en  nuestras arcas y no en las del Estado, a este último le falta exactamente la misma cifra y no puede continuar con su sistema actual de reparto. Porque de eso se trata: no es un sistema de financiación, sino un sistema de redistribución.

¿Qué ocurriría pues en ese escenario, que es el que disfrutan actualmente Euzkadi y Navarra? Muy simple, cambiaría sustancialmente el cuadro macroeconómico catalán: el PIB crecería un 5,2%, con un impacto directo en la creación de empleo (200.000) y en lugar de tener un Déficit Fiscal tendríamos un Superávit, superávit que permitiría reducir la Deuda de la Generalitat, aplicar una política de inversiones en infraestructuras y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión corriente.

La parte negativa, según los autores, es que el resto de Comunidades Autónomas saldrían perjudicadas, en especial Madrid, Canarias y Extremadura. Y es que, como diría un castizo, no hay más cera que la que arde: tanto entra, tanto sale.

Como era inevitable y aun aceptando la fuerza poderosa de los hechos, Pulido y Pérez señalan hacia el final los posibles costes debidos a la caída de las exportaciones de Catalunya al Estado Español. Es decir, introducen el saldo comercial en su estudio. Lo introducen con fórceps, porque ellos saben mejor que nadie (informes de Ceprede) que el peso de las exportaciones catalanas al Estado ha ido cayendo progresivamente. Aparte de que mezclar el tema comercial con el fiscal es una trampa para aficionados, pues el comercio es un pacto libre entre vendedor y comprador, que tratan de maximizar su satisfacción (nadie compra por amor sino por interés), y el saldo fiscal (positivo o negativo) es fruto de una decisión política impuesta arbitrariamente por una de las partes.

Los autores, para paliar los efectos de su diagnóstico de base, presentan los principales flujos de mercancías de la economía catalana (en millones de euros), según Ceprede (noviembre 2017).

El principal cliente de Catalunya es la propia Catalunya, que compra por valor de 31.400 millones de euros de su producción. Luego viene Francia, con 10.460, Aragón con 9.709, Alemania, con 7.736 e Italia, con 5.932.

Como importador, el principal proveedor de Catalunya es Alemania, con 14.567 millones, seguida de China, con 7.445, Francia, con 7.272, Italia, con 6.337 y Andalucía, con 4.253.

Su conclusión (original y novedosa) es que las Comunidades del Estado tendrían menos capacidad de compra en el nuevo escenario, no por razones ideológicas (el famoso boicot) sino porque quedarían más empobrecidas y ello afectaría a las ventas catalanas.

Aceptando este planteamiento, lo que no explican es justamente el proceso de sustitución que se ha dado en las exportaciones catalanas en los últimos veinte años, por el que el mercado doméstico español ha perdido peso paulatinamente en favor del mercado exterior. En 1995, las ventas al mercado exterior representaban el 36,5% del total; en el 2015 representaron el 62,3%. Por contra, las ventas al mercado español representaban en la primera fecha el 63,5% y en el 2015 representaron sólo el 37,7%. Este cambio no es coyuntural, sino estructural. Si extrapolamos a medio plazo, las ventas al mercado español pueden llegar a ser casi residuales.

Por último, desde la óptica de la demanda, el mercado catalán continúa siendo un mercado muy importante para las empresas del Estado, un mercado que en el nuevo escenario aumentaría su capacidad de compra, lo que redundaría en mayor beneficio también para sus proveedores españoles.

No nos engañemos, el sistema foral no se aplica en Catalunya porque dejaría un retrato en blanco y negro de un Estado decadente, que ha institucionalizado la subvención como forma de vida, tanto para las macroempresas ligadas a las decisiones del BOE, como para las clases pasivas cercanas al pesebre del poder.

La política de redistribución no ha servido para nada. Se ha gastado de forma superflua (pan y circo) y se ha invertido con criterios ideológicos (la red del AVE como síntoma de su megalomanía) y no con criterios económicos.

El relato inventado sobre la “rebelión, sedición, organización criminal” y otras lindezas respecto al posicionamiento del pueblo catalán, trata de ocultar la fragilidad política y económica de un Estado que hace aguas por todas partes. Lo de la “unidad de España” es su última coartada.

¿Hasta cuándo?

 

Alf Duran Corner

 

« volver