TODOS A CASA

Focus: Política
Fecha: 15/12/2003

Celebro haberme equivocado en el diagnóstico sobre la opción de gobierno para la Generalitat de Catalunya. Al final parece que en ERC pudo más la tradición republicana e izquierdista del primer Companys que el nacionalismo del segundo. En cualquier caso, y como Carod ha recordado, la Esquerra Republicana de la Segunda República no pactó con la CEDA, mientras sí lo ha hecho, durante ocho años, la coalición de Convergència i Unió con el Partido Popular.

No es momento para juzgar (malditos apriorismos) lo que pueda realizar el nuevo gobierno progresista. El programa de mínimos resulta estimulante y ha tenido la capacidad de despertar el interés del tejido social catalán, que lleva años ensimismado y adormecido: demasiado “seny” para muy poca “rauxa”.

Lo que sí podemos hacer es analizar la herencia que nos deja el “pujolismo”, tras largos años de gobierno monocolor.

El discurso identitario y victimista ha calado hondo y ha conseguido una buena cuota de mercado, aunque debe recordarse que en las dos últimas elecciones autonómicas han sido superados, en el voto popular, por el PSC.

Esa idea de las “esencias”, tan querida por Pujol, ha configurado una mentalidad pequeñoburguesa, de pueblo chato, en la que la discreción extrema hace migas con la hipocresía y la maledicencia. Y esto no se arregla por muchas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) que seamos capaces de implantar. La modernidad es otra cosa.

De todas maneras es preciso recordar que las bases sociales que dieron pie al proyecto convergente (Unió se ha limitado a chupar rueda) están constituidas por la burguesía de raíz histórica, las clases medias rampantes y parte de la menestralía. Si a este colectivo añadimos la influencia de la jerarquía eclesiástica, se nos perfila el bloque sociológico que pactó servilmente con el franquismo.

No es de extrañar pues que Convergència i Unió haya apoyado las políticas presupuestarias del gobierno del Partido Popular en las dos últimas legislaturas, políticas de signo claramente conservador.

Su posición ante el Plan Hidrológico Nacional (que durante la campaña electoral han tratado de remediar) se inserta en su apuesta por el crecimiento (la totemización del PIB) frente al concepto económico de desarrollo sostenible. Deberían haber leído a Gerschenkron.

Tampoco sorprende que hayan favorecido los servicios privados frente a los públicos, lo que queda expresado en que el gasto público social, como porcentaje del PIB, sea el más bajo de la Unión Europea después de Irlanda. No es tampoco ninguna anécdota la potenciación de la escuela concertada y privada frente a la pública, lo que les ha llevado al extremo de subvencionar escuelas de élite, en tanto descuidaban la educación pública, convertida en refugio de hijos de pobres e inmigrantes.

El caso de la vivienda es también desalentador. En diez años (1985-1995), el gobierno catalán destinó a vivienda sólo el 1,38% del gasto público total, frente al 2,65 de Galicia y el 3,38% de Andalucía. Si hablamos de vivienda de protección oficial podemos señalar que entre 1998 y el 2000, este grupo sólo representó el 5,1% del total, cuando la media de España era del 13,7%. La vivienda, como tantas cosas, se ha dejado en manos del mercado.

En los rifirrafes judiciales, el “pujolismo” se ha movido en aguas pantanosas, con algunas sentencias condenatorias (caso Planasdemunt), otras muy ambiguas (caso Casinos, caso Caric, caso Cullell, caso Roma) y otras pendientes, que pueden estallar en cualquier momento (caso Turismo, caso Pallerols). Se han aprovechado de que uno de los valores de la catalanidad prescribe “lavar la ropa sucia en casa”.

En lo que se refiere a las cuentas del Estado, el gobierno catalán ha seguido la práctica del maquillaje y la contabilidad creativa, tan querida y auspiciada por el Partido Popular: pasar parte de la deuda a empresas públicas, sustituir las subvenciones a las mismas con activos financieros que se traducen en ampl
Alf Duran Corner

 

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