Por fortuna, también se han desarrollado las aproximaciones a la realidad necesarias para desmontar...

Por fortuna, también se han desarrollado las aproximaciones a la realidad necesarias para desmontar la ecuación privatización = liberalización = precios más bajos. No hay tal. La privatización carece de efectos significativos sobre la competencia del mercado. Porque el hecho de que un monopolio sea privado no reduce su actuación monopolística, como es evidente. “La privatización de monopolios públicos, aunque se acompañe de una desregulación formal de la industria (en ocasiones, sobre todo si se acompaña de la desregulación total de la industria), confiere al monopolio ahora privado una posición inicial dominante”, asegura Germá Bel. Los discursos públicos justificativos de la privatización ocultan esta evidencia y apuestan por la identificación ciega entre privatización y abaratamiento de los precios; al fin y al cabo, refuerza la opción elegida inicialmente desde posiciones políticas o electorales. Las experiencias en los países iberoamericanos confirman que no se han producido aperturas en los mercados cuando se han vendido empresas públicas. La experiencia de las privatizaciones españolas confirma la misma inocuidad de las privatizaciones para atacar las concentraciones empresariales y rebajar los precios.

Pero, aunque se admitan los mensajes del Gobierno o se den por buenos los retales modernizados del discurso neoliberal, en el caso español aparece un problema peliagudo. Resulta que cuando se intentan encajar los paradigmas liberales del Estado Mínimo y de la eficiencia de las empresas en la realidad política del PP, sus actuaciones reales y las de su Gobierno aparecen contradicciones perturbadoras. No hay dificultades, desde luego, en identificar al PP con la aversión hacia el Estado, pero más como manía derivada de la citada sumisión a la revolución thatcheriana que como una formulación intelectual o política elaborada y asumida con convicción. Puede admitirse semejante coloración –aunque sea como impostura, porque el sustrato sociológico del PP es funcionarial y espero-. Pero lo que no puede admitirse como explicación de la relampagueante marea privatizadora es que el Gobierno tenga preocupación alguna por la eficiencia de las empresas o por la competencia de los mercados. Aunque el PP se declara programáticamente un partido liberal -ahora, centrista, según la arcaica identificación del centro como la posición de moderación política, alejada matemáticamente de los extremos de izquierda o de derecha-, en realidad es un partido intervencionista, reglamentista, inclinado siempre a aumentar el clientelismo mediante las prebendas y subvenciones que concede gracias al manejo del dinero público, como demuestra su gestión en el Gobierno de la nación y su comportamiento en los gobiernos autónomos de Galicia, Castilla y León, Valencia o Baleares, por citar los más importantes. No se trata solamente de que su código genético esté muy alejado de la competencia y el mercado abierto, que lo está; es que ni conoce, ni entiende ni respeta las reglas de una economía abierta, porque así lo demuestran sus decisiones políticas y empresariales.

 

Fuente: La gran expropiación. Jesús Mota. Ediciones Temas de Hoy. Madrid. 1998.

 

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