El mundo económico, y en particular el académico, lleva tiempo debatiendo sobre si la política económica que se está aplicando en Europa (pacto de austeridad presupuestaria) es la única posible. Al otro lado del Atlántico, interpretan que la austeridad tiene un límite y que no se deben aplicar las mismas recetas a todos los países, sin tener en cuenta sus condiciones particulares.

Aceptando que Europa está inserta en un largo ciclo recesivo (algunos economistas deberían repasar los textos de Kondratieff), no podemos ceñirnos a una política de reducción de costes como la única medida que nos permitirá salir de esta situación. Esto lo saben muy bien los managers profesionales, que han de equilibrar su actuación sobre el gasto con medidas para fomentar los ingresos.

Lo que ocurre es que es más fácil, mucho más fácil, lo primero que lo segundo. Sólo basta con reunir a los responsables funcionales y pedirles (mejor diría exigirles) una reducción del x% en el monto de las partidas a su cargo. Además, como se pide hoy para mañana, no se hace un análisis fino sobre cada capítulo, con lo que el resultado tiende a ser muy negativo. Si se hiciera bien y con tiempo, quizás se incrementarían algunas partidas (las consideradas estratégicas) y otras se reducirían o incluso se anularían.

En la Administración Pública ocurre lo propio, con el defecto añadido que este trabajo lo realizan funcionarios (altos, medios o bajos) y los funcionarios tienen un sesgo respecto al dinero, que los hace singulares: manejan recursos que “no son de nadie”, porque son recursos de la sociedad. Hace un tiempo que ya lo comenté, pero hay que insistir en ello.

En las empresas privadas, debidamente dirigidas, hay una cadena de responsabilidades de abajo arriba. Al final hay un consejo de administración y una junta de accionistas. El dinero tiene dueños. Los controles son severos. A los gobiernos sólo se les juzga cada cuatro años, y en el momento de juzgarlos priman las emociones, los gestos, las palabras y las promesas. El resto es historia pasada.

Europa ha de poner en marcha mecanismos de crecimiento si no quiere acabar extinguiéndose. El Banco Europeo de Inversiones ha de apostar por las grandes redes de transporte ferroviario, las que la Unión Europea ha priorizado no las que los gobiernos españoles han defendido por razones ideológicas. El Banco Central Europeo tiene que emitir eurobonos, modificar sus estatutos, comprar directamente bonos de los países periféricos y actuar como prestamista de último recurso. Con ello frenará en seco a los especuladores. El gobierno español ha de ser presionado por la UE para que trocee el “tinglado” de Bankia y lo subaste ya, como ha hecho con el resto de entidades financieras que han pasado por el mismo proceso. Hay que imponer de una vez por todas la tasa por transacción financiera que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. No se puede continuar sesteando y haciendo reuniones inútiles.

Ahora sí que de verdad el Titanic se hunde y aquí no hay cuarteto de cuerdas para poner estética al acontecimiento.