EL DERECHO COMO COARTADA

04/07/2026

¡Cuidado con las palabras y su significado!  Nos llenamos la boca con ellas porque las hemos aprendido de corrido, sin conocer con precisión que es lo que estamos diciendo. El gran Saussure ya nos avisó en su conocida distinción entre “el significante” y “el significado”. Nos movemos con significantes y abusamos de ellos.

Esto es lo que ocurre cuando hablamos de “Derecho”, que ponemos en mayúsculas para darle más empaque.  Y éste es un término que produce confusión, máxime si lo asociamos con otro (“Justicia”), que usamos cotidianamente sin saber de qué estamos hablando.

“Derecho” y “Justicia” a veces se solapan o se usan indistintamente, aunque en la práctica puedan resultar dispares e incluso antagónicos. Hasta etimológicamente hay confusión. “Ius” es el equivalente latino de “Derecho”, en tanto que “Iustum” corresponde a lo “Justo”.

La justicia se puede definir de muchas maneras, aunque yo priorizo el sentido ético y moral del concepto, ese sentimiento de saber que serás tratado como un igual frente al resto del colectivo. El derecho es una construcción humana y como tal llena de debilidades. En teoría el derecho pretende racionalizar la convivencia entre las personas y lo hace a través de entes abstractos como el Estado, que utiliza leyes y reglamentos para llevar a término el control social. El derecho es coactivo y recibe la influencia del poder. Por eso muchas veces las leyes son injustas. El derecho es instrumental; la justicia no.

Es por ello por lo que resulta ridículo aferrarse a un conjunto de ordenanzas fabricadas por el hombre, con la pretensión de impartir justicia. Los mal llamados “tribunales de justicia” y su corte de expertos, deberían denominarse “tribunales de derecho”, ya que es esto último lo que ejecutan. Otro artificio jurídico es el llamado “Estado de Derecho”, cuando todos sabemos que muchos de los Estados que así se autocalifican no cumplen las mínimas garantías que exige la justicia y, en particular, aquellas que Kant priorizaba: la libertad, la igualdad y la independencia.

He pensado en todo ello releyendo un ensayo de Alain Minc (“La borrachera democrática”), publicado en 1965. Minc sustentaba la tesis de que las instituciones que conformaban el equilibrio de poderes en un país supuestamente democrático habían ido perdiendo protagonismo. Han sido sustituidas por lo que él denomina “opinión pública” (que yo rectificaría, por considerar a esta última como una derivada de la “opinión publicada”) y por las redes sociales.

Minc es un personaje oscuro, muy inteligente, que siempre ha ocupado un lugar en la sombra de muchos políticos franceses (Jacques Delors, François Mitterrand, Nicolás Sarkozy e incluso Macron en su primera etapa como presidente). Ha sido también asesor y consejero de instituciones públicas y de grandes empresas privadas. Es un tipo pragmático, que nunca se sabe si sube o baja. Es un privilegiado.

En esta ocasión solo me quedo con el título de su libro (“la borrachera democrática”) y lo traslado metafóricamente a lo que está ocurriendo en España con el poder judicial.

Como en estos temas soy un simple espectador (un responsable contribuyente) procuro informarme sobre cómo y dónde se aplican los impuestos que pagamos y justifican la existencia del Estado. Del Estado y de los empleados públicos (los funcionarios), que en teoría – siempre en teoría – gestionan los recursos de todos para prestar servicios a la ciudadanía.

Reconozco, y no es la primera vez, que como buen liberal soy partidario de un Estado ligero, en el que el núcleo del gasto se centre en la educación, la sanidad y los servicios sociales. Deberíamos minimizar el resto y hacerlo más eficiente. Y en este gran resto tenemos al sistema judicial (uno de los tres poderes clásicos que describió Montesquieu).

En este contexto me ha resultado muy interesante escuchar la entrevista que el periodista Jesús Cintora ha hecho en su canal de Youtube al profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías.

El profesor Urías cuenta muchas cosas sobre los jueces y el sistema judicial, pero hay una que me ha producido escalofríos: el poder absoluto de los jueces de instrucción. Dice el reputado jurista que, una vez aceptada la denuncia y abierto un sumario, no hay límites. No importa el perfil del denunciante y su grado de credibilidad. Si se ceban en alguien pueden arruinarle la vida, aunque luego un tribunal dicte una sentencia favorable al afectado. El juez instructor tiene plena libertad para utilizar todos los recursos a su alcance (policías, investigadores, etc.) y poner todo tipo de limitaciones al presunto culpable (incluida la prisión preventiva). Urías pone como ejemplo – uno más – el caso de la señora Begoña Díaz, esposa del presidente del gobierno, donde el sumario resulta interminable y cada vez se abren nuevas carpetas. Este caso ha alcanzado notoriedad por tratarse de una persona con proyección pública, pero como éste - señala el jurista - hay muchísimos casos. Y el daño directo es el mismo. Y déjenme que haga una lectura económica, muy prosaica: “¿Quién paga todo esto?”.

Quizás todo ello se ajuste a Derecho. Lo que no tengo tan claro es que el procedimiento sea justo. Justo y razonable. Y si es así, aquí tenemos un problema, un problema grave, que parece que el Sistema no tiene intención de solucionar, amparado en la defensa a ultranza del corporativismo (espíritu de cuerpo).

Yo no llamaría a esto “borrachera democrática” (donde uno puede imaginar incluso explosiones de alegría y fiesta) sino todo lo contrario. Un mundo de escasez, de represión, de dominio. Un mundo inquisitorial. Una vuelta atrás. Un mundo que atemoriza.