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 I like to pay taxes. With them, I buy civilization .Oliver Wendell Holmes Jr.

 

 

El artículo

DESNUDANDO A LA CAPITAL DEL REINO

10/05/2021


Vaya por delante que no me interesa para nada lo que ocurra o deje de ocurrir en Madrid y en la Comunidad Autónoma de la que forma parte. Para conocer los dimes y diretes de su fauna y flora, los catalanes solo necesitan seguir atentamente la cada vez más españolizada TV3 y el resto de unidades informativas que constituyen la red pública “catalana” (por decir algo) de radio y televisión.

Solo me interesa investigar las razones económicas, políticas y sociales que pueden explicar su declarado encumbramiento como motor del Estado. Ya podemos anticipar, tomando el concepto motor como metáfora, que hay motores que empujan y motores que succionan, y que Madrid destaca en este último renglón.

He trabajado fundamentalmente con los datos facilitados por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), un centro de reconocido prestigio y larga trayectoria, cuyos informes desgraciadamente solo circulan por el mundo académico. Son gente rigurosa y contrastada, que en ocasiones se ven obligados a navegar entre dos aguas, al contar entre sus patrocinadores a diversas fundaciones privadas, como las de Ford o el BBVA. Como yo no dependo de ninguna fundación, ni pública ni privada, puedo hacer mi propia lectura sin limitaciones.

La primera observación sobre el tema, que va más allá del gobierno de la Comunidad de Madrid, es que el Estado español, en su triple dimensión ejecutiva, legislativa y judicial, ha jugado históricamente un juego de doble vector, centrifugando el gasto y sus causas y centripetando el ingreso. Y ha sido suficientemente hábil, después de la mal llamada Transición, en vender el modelo como un proceso racionalizador que busca la solidaridad entre los pueblos y el equilibrio territorial. Y la mayoría de los ciudadanos del Estado se lo han creído. Lógicamente este enfoque del hecho económico ha favorecido a la capital.

En una primera etapa y tras la muerte del dictador, el bloque españolista (PSOE-PP y sus ancestros) se dedicó a potenciar las redes ferroviarias y de automoción, tomando la capital como unidad central, a partir de la cual se desarrollaba un sistema radial para que todos los ciudadanos tuvieran un acceso fácil al reino. Ese acceso tenía un sentido doble, pues a las élites del poder también les resultaba más fácil desplazarse a Extremadura para cazar, a Sevilla para tomar el aperitivo y a la Costa del Sol para disfrutar de sus glamurosos veranos. “Todo atado y bien atado”.

Este primer paso hacía de Madrid -una ciudad “in the middle of nowhere”-  un polo de  atracción que convenía consolidar. Y entonces entraron los intangibles, que tienen la ventaja de su opacidad.

El primer y más impactante intangible es el conocido “efecto capital”. Este efecto puede describirse como que a partir de cierta dimensión inversora, las empresas –sobre todo las multinacionales–  prefieren tener sus centrales operativas cerca de la Administración central del país en el que invierten. La evidencia empírica internacional demuestra que “todo resulta más fácil”. Puedes jugar al golf con tu embajador y con el director de presupuestos del ministerio de Industria. No importa que la manufactura o el servicio esté en otro lugar. Por ejemplo, los propietarios de Endesa (el grupo italiano ENEL, en el que el propio gobierno italiano tiene el 24% de las acciones), ya saben que no pueden instalar sus centrales eléctricas en la Castellana y que su principal mercado es Catalunya, pero no por eso moverán su sede central de Madrid. Es cierto que el “efecto capital” tiene menor peso en los estados federales (como es el caso de Alemania o Suiza), pero no se aplica en el Estado español, aunque vendan la descentralización como algo “casi federal”. Esto es rotundamente falso. Otro factor no desdeñable del “efecto capital” es que las bases tributarias de esas empresas están también ahí localizadas.

Y hemos citado a las multinacionales, pero no debemos olvidar que ese camino también lo han seguido muchas empresas nacionales. Si nos fijamos en el ranking de las mil mayores empresas españolas por facturación, podemos ver que el 44,5% tienen su sede en la Comunidad de Madrid. E insistimos en que nos referimos a su sede operativa, no necesariamente a su actividad económica directa ni a su mercado principal.

Volvamos por un momento a los activos físicos, en este caso de carácter poblacional. La Comunidad de Madrid, como polo de atracción laboral público-privada, ha tenido la capacidad de absorber importantes flujos de ciudadanos residentes en zonas geográficas limítrofes (sobre todo Castilla la Mancha y Castilla-León), lo que ha producido un efecto de desahucio pasivo y ha potenciado la figura de la “España vaciada”. Ciertamente que este hecho no guarda relación con el teórico objetivo de equilibrar los territorios, pero esto es harina de otro costal. Se estima que entre mediados de los cincuenta y finales de los ochenta del siglo pasado, la comunidad dobló su población. En términos ocupacionales, se calcula que una quinta parte de los ocupados hoy residía anteriormente en otra comunidad.

Si entramos en el tejido productivo, vemos que domina lógicamente el sector terciario (como ocurre en todas partes), pero con mayor énfasis, ya que representa el 85% del valor añadido bruto, en tanto que la industria solo contribuye con el 10%. Y esto que podría ser una debilidad, no lo es por el peso de ciertas actividades especializadas del sector terciario de elevado nivel técnico, como son los servicios financieros, los despachos de abogados, los medios de comunicación, las firmas de auditoría, las consultoras, las TIC’s , etc. etc.

Como complemento de la esfera privada, el Estado español, que en muchos aspectos mantiene la superestructura ideológica y la infraestructura organizativa de un Estado colonial, cuenta con una amplia y dotada Administración Pública en la capital. Y es que el denominado Sector Público Estatal es con mucho en esa Comunidad el mayor del Estado, con un conjunto de150.000 funcionarios, entre los que destaca la propia Administración, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la administración de Justicia, la Seguridad Social, los consorcios asociados y un largo etcétera de instituciones. A nivel familiar este colectivo puede suponer unas 500.000 personas. Solo en los ministerios hay unos 30.000 empleados, al margen de que en algunos casos se hayan cedido las competencias a las Comunidades Autónomas. Otro conjunto de funcionarios se agrupan en centros de diversa naturaleza, todos dependientes del Estado, como el Banco de España (con 3.300 empleados), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (426), la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (403), la UNED (1.100), el Instituto de Salud Carlos III (873) o la Oficina de Patentes y Marcas (489). Todos estos ciudadanos y sus familias son consumidores en términos económicos, que además gozan de la seguridad del puesto de trabajo de quien o quienes en la unidad familiar tienen la condición laboral de funcionarios del Estado con contrato indefinido. Se podría decir que es un mercado cautivo fidelizado por la nómina.

Este maridaje público-privado tiene consecuencias directas en el ámbito de las adjudicaciones de carácter público, que se nutren de los Presupuestos Generales del Estado. Se podría considerar que este hecho deriva del marco de relaciones entre actores próximos. Según datos de un informe de la Plataforma de Contratación del Sector Público, organismo también dependiente del propio Estado, de un conjunto de 110.000 licitaciones analizadas, un 72% corresponden a órganos de contratación ubicados en Madrid, que en términos de valor suponen el 87% de todo lo contratado. Será por ello que las empresas de la capital se llevan la mayor tajada de las asignaciones, se ejecuten donde se ejecuten. Para concretar, una comunidad con un PIB que supone el 19,2% del total del Estado, se lleva el 60% de las licitaciones. En mi época de profesor de Políticas y Estrategias de Marketing en Esade, a esto se le llamaba elegantemente Marketing Relacional.

En estas condiciones, la Comunidad atrae talento (nuevo intangible), tanto de estudiantes que acuden porque saben que cuenta con una gran oferta de instituciones académicas y de investigación, como de graduados universitarios de otros territorios que piensan que encontrarán un hueco, ya sea en el sector público vía oposiciones (una tradición típicamente castellana) o en el sector privado no directamente productivo. En el tiempo y en términos ocupacionales, el conjunto de factores citados genera una renta por habitante de 35.000 euros anuales, un 36% por encima del promedio nacional.

Para que todo siga funcionando, el Estado (no la Comunidad) y con cargo a los Presupuestos Generales, sigue lubricando el sistema con continuas inversiones en infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. A título de ejemplo, el aeropuerto de Madrid se lleva el 34% del total de las inversiones de la red de aeropuertos del Estado. Otro ejemplo lo tenemos en el olvidado Corredor del Mediterráneo, que ya no pasa necesariamente por los lindes de ese mar sino que integra ramales completos como el de Madrid a Alicante o las conexiones, en plena capital, entre las estaciones de Atocha y Chamartín.  Será por eso que el corredor ha cambiado su denominación y ahora es descrito como el “Corredor Madriterráneo”. Porque las relaciones promiscuas entre el gobierno central y el de la Comunidad (aunque sean de opciones políticas teóricamente enfrentadas) continúan vivas, con el beneplácito de los interesados.

Quizás lo más obsceno de este retrato económico, es lo que ocurre en el terreno fiscal, y en concreto en el apartado donde las comunidades autónomas tienen cierta discrecionalidad. Como ya bien sabemos, el modelo del sistema de financiación hace que unas pocas comunidades subvencionen al resto, por lo que las primeras tienen dificultades para cubrir sus presupuestos. Uno de los caminos para obtener mayores ingresos es aumentar, en la parte que les corresponde, las tasas impositivas.

Pues el gobierno de la Comunidad de Madrid (que estaría entre los subvencionadores) se permite el lujo de bajar los impuestos sin pestañear. De esta forma esa comunidad se transforma en un “paraíso fiscal” en versión cañí, pero paraíso en cualquier caso. Y sus rebajas o bonificaciones se producen en su cuota del impuesto sobre la renta (IRPF), en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre el patrimonio (éste último exento). Todo muy bonito, pero falso. Porque al final los beneficiados son lo que declaran rentas superiores a los 60.000 euros anuales (un 7% de la población), que justamente son aquellos que deberían pagar también el impuesto del patrimonio y no lo pagan. Este tratamiento especial a las rentas altas ha hecho que entre el 2009 y el 2018, el parque de contribuyentes (mayoritariamente de este segmento) haya sumado 100.000 ciudadanos que han cambiado su domicilio fiscal. Esos ciudadanos, en otros territorios, pagarían sus impuestos, lo que va en detrimento de las arcas públicas de las comunidades afectadas.

Una lectura superficial del tema nos llevaría a concluir que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene capacidades mágicas. Pero resulta que no. El mecanismo que facilita estos ajustes es muy simple: se reduce la inversión pública en educación, sanidad y prestaciones sociales. Los que pertenecen al segmento de los bonificados (rentas altas) llevan a sus hijos a la escuela privada y tienen sus propias mutuas de salud. No tienen que coger el metro ni los autobuses llenos a rebosar. No están afectados por esas medidas. Pero es que el gobierno de la Comunidad de Madrid va más lejos, pues pasa la patata caliente al gobierno central, que asume un papel que no le corresponde en la inversión pública del territorio, en detrimento de las necesidades de otras comunidades.

No hay ningún milagro. Un gobierno central intervencionista en lo económico, al servicio de la oligarquía local. Lo del equilibrio territorial y la equidad es un auténtico cuento chino, de los de antes de la dinastía Ming. El gobierno de la Comunidad de Madrid es una pieza más de este juego, que cuenta con el respaldo del gobierno del Estado, sea cual sea su etiqueta política.

 

 

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