A CAU D'ORELLA

Focus: Política
Fecha: 23/11/2017

O sea, en voz baja, casi susurrando, no sea que el dinosaurio que citaba Monterroso siga allí.

Están ocurriendo tantas cosas, que apenas tenemos tiempo de procesarlas, de contrastarlas, de interpretarlas. Las expresamos “sotto voce” para que cada uno reflexione sobre ellas y saque sus propias conclusiones. Estas son las mías:

La declaración de independencia de Catalunya fue un acierto del govern Puigdemont. Pasamos de ser una región de España a ser una nación como sujeto político. El tránsito a un Estado exige tiempo, pero sin ese paso previo era imposible alcanzar el objetivo.
El govern de la República Catalana ha tenido que exilarse para no ser aniquilado. La historia está llena de casos similares. No hay que extrañarse. Lo que sí resulta sorprendente es el papel de “convidado de piedra” de la alta burocracia de la Unión Europea y afines. No lo podría haber hecho mejor la alta burocracia de Zimbabwe. Es una llamada de atención para los ingenuos que venden la Unión Europea como una panacea.
El Estado Español ha continuado con su política represora a todos los niveles (cárceles, privaciones, procesamientos, humillaciones, etc.). Este comportamiento forma parte de su ADN histórico. En Bélgica todavía se asusta a los niños pequeños con la amenaza “¡Qué viene el Duque de Alba!” (sucedáneo de “Qué viene el coco”), debido al rastro de sangre y destrucción que causaron las tropas españolas en su lucha contra los ciudadanos flamencos, fueran o no independentistas.
Catalunya es una nación ocupada. Se han anulado los derechos democráticos de sus ciudadanos, con la disolución de su Parlament y el encarcelamiento de parte de su gobierno legítimo y de dos de sus más reputados líderes sociales. El gobierno central hace tiempo que tiene intervenidas nuestras finanzas y ahora gestiona online el resto de las conselleries. Pretenden sin éxito que los altos funcionarios del Estado actúen como modelo sustitutorio. Controlan la administración, pero no a la gente ni el territorio
Ha vuelto a reaparecer la dialéctica de “los puños y las pistolas”, que utilizaban los falangistas antes, durante y después de la guerra civil, con asaltos, provocaciones y palizas. Las manifestaciones del 20N en Madrid, para recordar la muerte de su caudillo, han sido sonadas. Tienen barra libre, ya que cuentan con la cobertura oficiosa del aparato judicial.
El caso Gurtel ha evidenciado el grado de corrupción del Partido Popular, que abarca la organización al completo. La palabra clave es “indiciariamente” y detrás de ella está la cúpula, empezando por el señor Mariano Rajoy. La prueba “indiciaria” o indirecta es aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos sobre los que no existe una prueba directa. Acreditar es demostrar la verdad o autenticidad de algo. A pesar del escándalo, el gobierno del PP no se inmuta.
El contencioso catalán ha puesto también al descubierto que la “transición” fue una formidable estafa a la ciudadanía, donde aparecieron los mismos perros pero con diferentes collares. Cambió el Régimen, pero no se tocó ni un ápice del sistema político subyacente. No hubo depuración. El Tribunal de Orden Público (tribunal de excepción) fue sustituido por la Audiencia Nacional (otro tribunal de excepción). En el sistema judicial español hay mucho nostálgico del Régimen anterior, como se pone de manifiesto al ver la lista de conferenciantes de la Fundación FAES, escorada a la derecha de la derecha del Partido Popular.
El destape del uso perverso que el gobierno del Partido Popular hizo de las “alcantarillas del Estado” para destruir sin pruebas a los políticos que le resultaran incómodos (independentistas catalanes, líderes de Podemos, etc.) ha quedado sin castigo, a pesar de que quedó clara la complicidad del Presidente del gobierno y de su ministro de Interior señor Fernández en esa trama. El ciudadano normal se pregunta dónde estaba entonces la Fiscalía del Estado.
Otro interrogante que se plantea el mismo ciudadano es conocer la verdad de lo ocurrido en el contencioso del atentado de las Ramblas de Barcelona, los vínculos del imán de Ripoll (organizador principal de la trama) con los servicios de inteligencia del Estado, el papel de esos servicios antes y después del atentado, los bulos sobre la información de la CIA, la ocultación por parte del Régimen de la profesionalidad de los Mossos d’Esquadra en el desmantelamiento del grupo terrorista. De nuevo, ¿para qué sirve la Fiscalía del Estado sino investiga en casos como éste?
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, en su versión más dura y descarnada, ha contado con la complicidad de la izquierda oficial y de todos sus oficiantes (los actuales y los pasados). Tanto importa el señor Sánchez y la señora Díaz, como el señor González, el señor Guerra o el señor Rubalcaba. Votar al PSOE o a su delegación de ventas en Catalunya (PSC) es votar a favor de los métodos violentos. Jamás podrán sacarse de encima el estigma de la vergüenza de haber colaborado en esa infamia.
Conviene hacer mención a la autoflagelación a la que se han sometido algunos representantes del bloque independentista, en el sentido de reconocer que no estaban suficientemente preparados para seguir el camino trazado. El mensaje ha sido recogido rápidamente por los nacionalistas españoles, que incluso han hecho mofa de tales comentarios. También se han añadido muchos tertulianos, tanto los de la “caverna” como los que se sitúan en un teórico campo neutro. No hay que confundir la autoflagelación con la autocrítica. La primera es destructiva y lacerante; la segunda es necesaria como herramienta de mejora. Yo no puedo imaginar que gente capaz como la que forma el govern de la nación no contemplaran los distintos escenarios ante la proclamación de independencia, las respuestas del Régimen y las réplicas del govern. Está en el ABC de la planificación estratégica. Quizás por la edad media de ese colectivo no vivieron en sus propias carnes los embates de una dictadura sanguinaria, que como mucho les contaron sus padres, o quizás ocultaron por miedo. A mí no me han sorprendido las muestras de agresividad. Lo han hecho y lo volverían a hacer. Ellos creen que si la defensa de la “unidad de España” produce algunos efectos colaterales (daños graves entre la población catalana), hay que asumirlos como parte de la penitencia. Recomiendo leer atentamente la entrevista con el periodista Jesús Rodríguez (ver “de otras webs”), una persona con muchos contactos con los cuerpos de seguridad del Estado.
La voluntad del frente españolista era mantener durante seis meses prorrogables el “espíritu del 155”, con objeto de arrasar toda la obra política, económica, social y educativa realizada por los distintos gobiernos catalanes desde 1978. La idea era repetir el decreto de Nueva Planta, que tan bien les funcionó en 1714. Parece que alguien con mayor poder ha puesto limitaciones a sus desvaríos, aunque ignoramos la procedencia exacta de este cambio del “tempo”. Este cambio también ha afectado a la convocatoria de unas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre próximo (que no tenían programadas). Hay que tener en cuenta que esa convocatoria es ilegal (pues sólo el President de la Generalitat tiene facultades para ello), pero no por ello deben subestimarse esas elecciones. Podemos transformarlas en un nuevo plebiscito. Los españolistas harán lo imposible para ganarlas (si conviene mediante un “pucherazo”), aunque no lo tienen fácil por la oleada democrática de un pueblo como el catalán, dispuesto a una defensa pacífica pero obstinada.
La economía mundial está pasando un impasse de tranquilidad, tras muchos episodios de tormenta. McKinsey vaticina que el PIB mundial crecerá un 4% en 2018, que es una cifra notable en términos macro. Por eso no conviene que algún acontecimiento imprevisto nuble el panorama. La película del primero de octubre en Catalunya ha dañado en todo el mundo la ya pobre reputación del Estado Español, un Estado donde planea la inseguridad jurídica. Los encarcelamientos subsiguientes han añadido leña al fuego. Y éste es un factor desestabilizante. El riesgo país (España) se ha disparado, aunque el dato oficial (prima de riesgo) esté más o menos controlado hasta final de año, fecha a partir de la cual el BCE reducirá a la mitad su compra mensual de deuda. El “gran capital” no quiere problemas, como ya avancé recientemente. El problema no es la independencia de Catalunya, sino que la inestabilidad política en Catalunya (contribuyente neto al presupuesto de la UE y principal generador del valor añadido de la economía española) afecte a la economía del conjunto de un Estado sobre-endeudado que tiene que destinar 35.000 millones de euros cada año para pagar los intereses de esa deuda.
La economía española tiene unos fundamentos débiles. Funciona relativamente bien gracias al buen comportamiento de dos variables exógenas (el interés del dinero, que marca el Banco Central Europeo, y el precio del barril de crudo en un mercado con exceso de oferta), y de una variable ligada a la seguridad, que propicia un creciente flujo de turismo extranjero que huye de alternativas más arriesgadas. Pero esta seguridad está en entredicho tras los sucesos del primero de octubre y semanas subsiguientes. A ningún brasileño o canadiense en su sano juicio le apetecía visitar París cuando la Gestapo tenía su central operativa en el hotel Lutetia. España ha superado la recesión pero sigue en crisis, y el escenario actual no hace más que consolidar ese estado. Que la Agencia Europea del Medicamento no haya venido a Catalunya, al margen de otras razones vinculadas a su gestión, es una pequeña muestra de lo que puede ocurrir si sigue la tensión política en un Estado que se declara “democrático” y tiene en sus cárceles a presos políticos por razones ideológicas.
Lo propio sucede con las inversiones en la economía real, que están aparcadas, sobre todo las de reposición. Las inversiones a largo se mantienen, porque a las multinacionales les importa muy poco que Catalunya sea o no independiente. Saben como ajustarse a los cambios del entorno, y si invierten en Catalunya es porque creen que aquí encuentran las condiciones objetivas (economía abierta, mentalidad empresarial, talento, posición geoestratégica) que la hacen atractiva. El espectáculo del cambio de domicilio de la razón social de algunas sociedades españolas del Ibex/35 y seguidoras afines es “pan y circo”, con el único propósito de fomentar el miedo entre la gran mayoría de la población, que no conoce las claves del quehacer económico. Películas aparte, conviene recordar que el 99,6% del tejido empresarial catalán lo componen pequeñas y medianas empresas.
Porque esa Catalunya en “estado de sitio” sigue teniendo unas bases muy sólidas. Con un PIB similar a Irlanda, Dinamarca o Finlandia, y con un PIB por habitante que supera la media europea en un 14,5%. La economía catalana tuvo en el 2016 un superávit comercial en bienes y servicios equivalente al 12,1% del PIB, que es el tercero más elevado de la Eurozona, por delante de países como Alemania y Holanda. La inversión extranjera directa (en pleno proceso de autodeterminación) ha ido en aumento, desde una media anual de 3.000 millones de euros (2013 y 2014) a la excepcionalidad de 5.000 millones en 2015 y de nuevo en 2016. Ese ritmo se mantiene, a pesar de todo, ya que en el primer semestre del 2017 se estima un aumento de la IED sobre el ejercicio pasado del 20,6%.
Cuando los jerarcas del actual Régimen indican que la independencia de Catalunya conduce a un suicidio colectivo, no declaran a quien se refieren. Si tuvieran la capacidad de autoanalizarse, su subconsciente les indicaría que el suicidio podría afectar a la totalidad de la población de un Estado quebrado, que no tendrá suficiente con los “éxitos” de la Roja.

Nos espera un mes apasionante. Seguiré contándoles mis impresiones “a cau d’orella”, ya que el dinosaurio sigue ahí.

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