ASERTIVIDAD
Focus: Economía
Fecha: 31/07/2014
Una prueba más de estas carencias es la tímida respuesta que los medios oficiales (la Generalitat y otros) han dado al informe perpetrado por el equipo de “economistas del Régimen”, contratados por el ministro Montoro, sobre “las cuentas públicas territorializadas”. Y utilizo el término “perpetrar” adrede porque me parece el más adecuado.
No voy a entrar, una vez más, en la exposición detallada de los métodos de cálculo de las “balanzas fiscales”. Esto es como repetir una lección al mismo grupo de alumnos una y otra vez. El que todavía no se haya enterado, mejor que se dedique a otros menesteres. Sólo voy a precisar algunos conceptos que parecen haber pasado desapercibidos por los pocos analistas independientes que se han leído el informe.
El primero es que conviene insistir en que los autores de ese bodrio (1) no lo califican como “balanzas fiscales” sino como “cuentas públicas territorializadas”. No procede pues compararlo con estudios anteriores sobre “balanzas fiscales” hechos por equipos académicos de mayor nivel y por encargo del gobierno central (etapa Solbes) o del gobierno de la Generalitat (distintos ejecutivos). Se pedían peras y nos han ofrecido boniatos. Es por ello que no es lícito titular, como hace la prensa de Madrid, de esta guisa: “El déficit de Cataluña con el resto del país es menor que el que dice la Generalitat” (El País), “Los datos desmienten a Mas” (El Mundo), “Las balanzas fiscales desmienten a Mas” (La Razón). Es la habitual manipulación de la prensa canalla (2).
El segundo es que en el ranking de los que más contribuyen con sus impuestos al resto de las comunidades (tienen “déficit fiscal”), aparece en el primer lugar la comunidad de Madrid, con casi el doble que Catalunya. También este asunto lo hemos tratado hasta la extenuación, pero volveremos a la carga. En el capítulo de ingresos, la comunidad de Madrid (que incluye la capital del Estado) goza del privilegio de que las compañías de mayor tamaño acostumbran a tener su domicilio social en la capital y tributar allí el impuesto de sociedades (efecto capitalidad). Esto no ocurre en los estados federales (Alemania, Estados Unidos, etc.), pero sí en los centralizados (caso de España). Repsol, por ejemplo, no tiene ninguna refinería en la Castellana, pero tributa en Madrid. Las grandes obras públicas que han enriquecido al señor Florentino Pérez (la mayoría innecesarias) se han hecho por todas partes, pero ACS tributa en Madrid. Muchas multinacionales siguen este modelo, pues quieren estar próximas al poder. O sea, los ingresos son muy superiores al peso macroeconómico de la comunidad. En cuanto a los gastos, el criterio es arbitrario, pues buena parte de ellos tienden a repartirse entre todas las comunidades (según población y PIB), ya que se interpreta que todas se “benefician” de esos gastos o esas inversiones. Lo cierto es que el consumo se realiza en el territorio directo y su efecto multiplicador queda ahí limitado. Es por todo ello que lo razonable es no hacer cálculos sobre la comunidad en la que se encuentra la capital del Estado, dado su carácter de excepcionalidad. Ellos no nos hacen caso y cocinan un perfil extrasolidario para Madrid, que resulta ridículo.
El tercero es una muestra de la falaz interpretación que hace el Estado central del concepto de libre empresa. Se declaran partidarios de la economía de mercado y sin embargo demuestran su intervencionismo y su natural predisposición a la trampa. El ejemplo más escandaloso se manifiesta cuando interpretan que el aeropuerto de Barajas “beneficia” a todos los españoles y es por ello que tanto la inversión como el gasto corriente debe repartirse entre todas las autonomías, poniendo barreras en paralelo al desarrollo del aeropuerto del Prat. En lugar de estimular la libre competencia, favorecen a unos frente a otros, sin tener en cuenta la viabilidad de cada proyecto.
El cuarto es de mayor calado y se refiere directamente al bloque “carga-beneficio”. Lo de la “carga” está muy claro, al margen de donde se imputa, porque implica una salida de fondos. Pero lo de beneficio es muy discutible. También hemos tratado este tema en otras ocasiones. La pregunta es: ¿Quién define el beneficio? ¿Quién establece las prioridades?. Y esto tiene que ver con la instrumentación de la política económica del gobierno central. Y un gobierno que no sólo es central sino que es centralista (actúa como un “despotismo no ilustrado”) decide a quien beneficiar con criterios electorales, no con criterios político-económicos. Incluso en ocasiones – demasiadas – su teórica visión del “beneficio” no beneficia a la población en general (ni tampoco a sus votantes), y es por ello que tenemos trenes de alta velocidad vacíos, autovías sin vehículos y aeropuertos sin aviones. Los únicos beneficiados son las empresas de obras públicas que se han hecho con los encargos y que se mueven cómodamente entre los “facilitadores”.
El quinto concepto de las “cuentas públicas territorializadas” tiene que ver con la falta de rigor de los “economistas del Régimen” en el manejo de las cifras. Hacen juegos malabares y territorializan lo que les da la gana. Por ejemplo, así lo hacen con los ingresos del turismo y las exportaciones, que todos sabemos que no tienen nada que ver con el reparto poblacional, sino con la capacidad competitiva y los recursos naturales de cada territorio. Es por ello que Catalunya, con un 16% de la población total del Estado, realizó el 25,7% de las exportaciones. Los autores del estudio modifican las cifras asignando a Catalunya sólo el 16%. Este y otros deslices similares – impropios del que como funcionario vive de los presupuestos públicos – se acompañan con expresiones muy castizas como que el coste de las infraestructuras se ha territorializado “un poco a ojo”.
Por último, y al margen del informe, quiero recordar dos aspectos clave sobre los que los analistas pasan de puntillas. El primero es el relativo al concepto de “solidaridad”. He dicho una y mil veces que la “solidaridad” dirigida hacia el mismo colectivo ha de tener fecha de caducidad, sino quiere convertirse en una subvención permanente que acaba desincentivando al receptor. Es una memez (3) fijar un “coeficiente de solidaridad” máximo y poner como ejemplo a otros países. Si otros lo hacen, lo hacen mal. La solidaridad es una virtud que no puede imponerse por decreto y menos cronificarse.
Lo segundo es que uno de los grandes problemas del Estado Español es el peso del funcionariado (y en especial de los “altos funcionarios”) y, sobretodo, su bajísima productividad. Este es un lastre que explica una buena parte de nuestro Déficit Público. Hay montones de organismos públicos y parapúblicos totalmente inútiles, que sólo sirven para dar ocupación a amigos y familiares. Este peso del Estado es propio de sociedades antiguas, en las que dominan las concesiones y los privilegios. Los Estados modernos son ligeros, de tamaño medio y muy descentralizados. No se trata de cómo se reparte el gasto de las embajadas del “reino de España”; se trata de que la mayoría deberían ser suprimidas. Claro que para esto los “altos funcionarios del Estado” –la definición tiene su guasa- deberían saber que la economía no es otra cosa que la buena gestión de los recursos escasos.
Notas:
(1) Bodrio: de muy mala calidad, muy mal hecho.
(2) Canalla: que se comporta vilmente.
(3) Memez: simpleza, falta de juicio.
