COSTES, COSTES, COSTES

Focus: Economía
Fecha: 22/03/2018

Cualquier actividad humana, por sencilla que sea, genera un coste. Si la actividad es productiva, genera un ingreso, que a veces es mayor que el coste, aunque no siempre. Lo que cuenta es el saldo. Los ingresos a veces se  monetizan (generan un provecho monetario) y a veces no. Cuando camino a buen paso como ejercicio físico, estoy produciendo un ingreso en términos de salud y quizás un coste por un dolor posterior en los gemelos. Pero el saldo es positivo y me siento mejor.

Pero cuando el coste es improductivo, su responsable es un necio. Y si hace de ese coste una pauta de conducta, debería ser apartado de la tarea a su cargo.

¿Cuánto ha costado hasta ahora la “operación Catalunya”? Mucho dinero, mucho más del que se publica veladamente en los medios.

Según informó en su momento el periódico madrileño ABC, de acendrada fidelidad al Régimen, el conjunto de Policía Nacional,  Guardia Civil, Policías Locales y Policías Autonómicas nos cuestan (a los contribuyentes, no al gobierno) unos 14.000 millones de euros. Como un 20% de los ingresos fiscales del Estado proceden de los ciudadanos catalanes,  esta partida nos cuesta 2.800 millones de euros. Es decir, cada día pagamos 7,5 millones de euros por tener “seguridad”.

Lo que parece evidente es que en una relación coste-beneficio, el negocio es un desastre. Cuando esto es así, lo razonable es reducir la partida de los costes. En Catalunya, en temas de seguridad, tenemos los mossos d’Esquadra y los policías locales. El resto es sobrante, pues no hace otra cosa que duplicar tareas y funciones.

Si además, la autoridad “competente” se excede y trata un tema de naturaleza política (el derecho al voto) como un elefante en una cacharrería, las partidas añadidas del gasto/coste se disparan. El señor Zoido ya informó a ese cementerio de elefantes que es el Senado, que el coste aproximado del envío, estancia y actividades de un conjunto de policías y guardias civiles a Catalunya (hasta aquel momento) ascendía a 87 millones de euros. Es muy interesante observar que en ese monto hay una asignación por “productividad”, que yo, con cincuenta años de experiencia empresarial, me veo incapaz de conceptualizar. La productividad es el valor generado por empleado, aunque quizás la “inteligencia militar” la mide de otra manera.

El señor Zoido habla sólo del gasto corriente, pero no dimensiona  –quizás no le interesa–  el coste de la destrucción de activos físicos (en escuelas y otros centros cívicos), y menos el coste directo por las cargas policiales contra los ciudadanos (más de mil expedientes abiertos en unidades hospitalarias).

Otra prueba de la incomprensión del concepto coste/beneficio es la ocupación de esos cuerpos de seguridad citados, que entran en instituciones del Estado (porque la Generalitat es todavía una institución del Estado Español) y vuelven a buscar y a rebuscar lo que antes ya no había encontrado. Y si lo hacen en sociedades civiles (como Òmnium o la ANC), el hecho todavía es más grave. ¿Cuánto cuestan todas estas movidas? ¿En base a qué criterio los jueces utilizan los recursos públicos  –porque policías y guardias civiles son recursos públicos–  para inspeccionar lo inspeccionado?

¿Son capaces además de medir el impacto emocional –que eso sí afecta a la productividad– que todas estas inútiles acciones causan sobre los ciudadanos?

¿Sabe la “autoridad competente” que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, el ministerio de Justicia costó a los ciudadanos españoles 1.726 millones de euros, de los que unos 350 los pagamos los catalanes?

Yo ya sé que la tradición castellana se fundamenta en hacer oposiciones para llegar a la Administración del Estado, y que una buena prueba de ello es revisar qué ministros del actual gobierno no gozan de este pedigrí. Pero desde la Ilustración para aquí, un mínimo de racionalidad se le supone a cualquier alto funcionario. Sólo es cuestión de que la utilice.

Por favor, no mareen más a la ciudadanía con tanta extemporaneidad!  No es que no queramos sufragar los gastos que nos corresponden como ciudadanos, es que exigimos que esos gastos sean los necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad.

Justos los necesarios. Ni un euro más!

Alf Duran Corner

 

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