DE LA CABRA A INTERNET
Focus: Sociedad
Fecha: 07/02/2019
En la última de las continuas piruetas que el gobierno del señor Sánchez realiza en el circo mediático español, el oscuro ministro Borrell ha querido dar un nuevo empuje a la “marca España”, con objeto de ocultar la realidad de una teórica democracia, cuya práctica política diaria es más propia de un Estado autoritario.
El público objetivo de la campaña es el exterior, con especial atención al mundo liberal-conservador que antes se etiquetaba como “Occidente”.
No lo tienen fácil porque el relato histórico, en el que coinciden las escuelas más prestigiosas del mundo académico, no les ayuda. Y es que la historia sitúa al Estado español como uno de los últimos reductos europeos del nacionalcatolicismo, una corriente de raíz castellana, que tuvo a Isabel la Católica como portaestandarte, y que luego se asentó con los Habsburgo y posteriormente con los Borbones.
Un Estado conquistador que fue perdiendo paulatinamente las colonias por su natural incapacidad para gestionar los recursos extraídos de forma predatoria, fruto de una cultura malgastadora, servil con los poderosos, contraria al espíritu comercial y especuladora. Es por ello que sus quiebras financieras fueron constantes, dejando de pagar a sus acreedores hasta el extremo de liderar el ranking de los Estados morosos.
En paralelo el Estado destinaba fondos a luchas religiosas (como la Contrarreforma) y mantenía tribunales ultraortodoxos como la Inquisición.
Como no les interesaba el comercio, se perdieron la Revolución Mercantil y siempre consideraron nefasta la Revolución Industrial, por el riesgo que conllevaba (a su juicio) que hubiera una concentración de la clase obrera y ello animara el espíritu revolucionario. Que Catalunya y en parte el País Vasco optaran por vías europeas y se apuntaran a las corrientes liberales, era considerado por las clases extractivas un desafío a su visión absolutista de la sociedad. Lógicamente tampoco absorbieron las corrientes ilustradas europeas, ya que la razón, la ciencia y el progreso no se ajustaban a sus principios.
Para distraer al personal contaban con “la fiesta de los toros” y con una cultura popular de perfil bajo basada en el chascarrillo, la copla, el cuplé y la zarzuela. “Aflamencaron” a la sociedad, a la que procuraron mantener ignorante y atemorizada frente al poder. El ejemplo más próximo del aparato represivo fue la creación de la Guardia Civil en 1844, con el propósito de defender los intereses de los grandes propietarios de tierras, que se habían enriquecido además en los procesos de desamortización de los extensos bienes religiosos. Un campo proletarizado y servil era para ellos el ideal.
La imagen de España era una mezcla de religiosidad extrema, violencia, autoritarismo, servilismo, machismo, intolerancia y pasión.
Y es que la democracia real, el gobierno del pueblo, es una asignatura todavía hoy pendiente. La Segunda República duró poco y acabó en una guerra civil, que ganó de nuevo el nacionalcatolicismo. Luego vino la Dictadura fascista (personalizada en la figura siniestra de Franco) y más tarde la llamada Transición, que fue una estafa al limitarse a hacer un lifting a la estructura de poder del franquismo.
La cosmética ha funcionado hasta que el proceso independentista catalán ha roto el montaje. Y la reacción del aparato del Estado y de la población española en general ha puesto de manifiesto que la imagen forjada históricamente sigue estando presente.
No pueden tolerar que los catalanes expresen su deseo de ser independientes. Harán lo que sea necesario para acabar con esas aspiraciones. Los acosarán, los encarcelarán, los condenarán, los penalizarán. Descargarán sobre ellos lo peor de sus vísceras. Otra cosa es que lo consigan.
Y ahora, como intuyen que el juicio político contra los independentistas puede acabar juzgándolos a ellos, se sacan de la manga de nuevo el tema de la “marca España” e inician una gran campaña publicitaria, con el soporte de un video impresentable en el que unos personajes manidos y rancios declaran su amor a una patria libre y democrática.
Claro que este mensaje internacionalmente no se lo cree nadie, pues cada día hay señales de alerta sobre lo contrario. Será por eso que el conservador Times de Londres titula:
The Times view on the trial of the Catalan 12: Spanish Inquisition.
Las señales de alerta se amontonan y vienen de lejos. Vamos a citar algunas para refrescar la memoria:
- En el auge del gobierno del Partido Popular (2012), el ministro García-Margallo impulsó el concepto de “Marca España” y creó una estructura público-privada, al frente de la cual colocó al señor Carlos Espinosa de los Monteros, conocido aristócrata con presencia en varios consejos de administración (Inditex, Acciona, etc.). Lo que quizás no sabían o no querían saber es que ese señor es nieto de Eugenio Espinosa de los Monteros, que en 1940 fue nombrado embajador de España en la Alemania nazi y que acompañó, en su calidad de general del ejército, al dictador Franco en su entrevista con Hitler en Hendaya. ¡Menudo pedigrí!
- O cuando un fiscal llamado Diego Villafañe, con posición en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que hay un expediente por la denuncia de 257 afectados por la violencia policial del primero de octubre, se dedicaba a retuitear mensajes como éste: “El 23F fueron unos pocos guardias civiles y altos mandos militares, hoy son decenas de miles de pijos consentidos. El pijerío fascista no vence a demócratas y el que no lo entienda es tonto sin remisión”.
- O cuando el ministro de Exteriores señor Borrell intervino en un acto en Bruselas de la organización de extrema derecha “Sociedad Civil Catalana” y declaró: “Han sido los mejores años de nuestra historia desde la batalla de Trafalgar. Perdimos la flota, perdimos las colonias y vinieron años duros y difíciles. Y los últimos cuarenta han sido los mejores”. Ese acto contó con el apoyo de los grupos del PSOE, el PP y Ciudadanos del parlamento europeo y del Real Instituto Elcano, think tank próximo al gobierno del Estado.
- O cuando el fiscal José Perals, que llevó la acusación contra un grupo de jóvenes de Altsasu, que tuvieron un altercado de fin de semana con dos miembros de la guardia civil fuera de servicio (que acabó, como siempre acaban estas trifulcas, en unas contusiones por ambas partes), declaró solemnemente que aquello era “fascismo en estado puro”, para concluir: “Es lo peor de la naturaleza humana y lo que desgraciadamente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las peores atrocidades. Y esto es lo que hemos visto aquí, en la España del siglo XXI, con gente que pide que otros se vayan de su pueblo; es la xenofobia, el racismo y el fascismo en estado puro”. Esto sí que es realismo mágico.
- O cuando el tribunal del caso Altsasu, presidido por la magistrada señora Espejel, esposa de un coronel de la guardia civil (a la que se le supone razonablemente tener unos vínculos personales y afectivos con el cuerpo, motivo suficiente para apartarla del caso), dictara una sentencia condenatoria con penas de cárcel de entre dos y doce años de prisión para todos los acusados por los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, sin aceptar la multitud de pruebas presentadas que cuestionaban tales delitos.
- O cuando los independentistas catalanes, que ahora estaban en prisión preventiva en cárceles próximas, fueron trasladados a las prisiones de la comunidad de Madrid en un furgón comprado ex-profeso, con estrechas celdas individuales, sin apenas visión exterior, con cámara de vigilancia incorporada y todos los adminículos habituales en el transporte de criminales violentos ya sentenciados. Estas personas, que todavía no han sido juzgadas, han sido tratadas sin ningún respeto por sus derechos individuales, al margen de la interpretación sesgada de sus teóricos delitos. Se las ha humillado, con el beneplácito general.
- O cuando la nueva responsable del invento para potenciar la imagen de España (ahora con la marca España global) señora Irene Lozano, con el cargo de secretaria de Estado, hace declaraciones a la BBC, saltándose el guion esperado, y dice que : “No pasa cada día que líderes políticos que han cometido delitos vayan a juicio”, argumento que debe creer demuestra que España es un país democrático, sin darse cuenta de que los presos preventivos no han sido todavía juzgados y está por probar que hayan cometido algún delito.
- O cuando la fiscal general del Estado, señora María José Segarra, que fue calificada por los medios como una fiscal “progresista” (lo que antes significaba ir a favor del progreso, en el sentido ilustrado del término), se manifestó en contra de que hubiera observadores internacionales durante el juicio, quizás porque temía una lectura crítica e imparcial de esos observadores, vistos los varapalos jurídicos que los jueces del Tribunal Supremo han recibido de sus colegas europeos.
- O cuando en el acuerdo entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que ha permitido la investidura del candidato del PP Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, se incluyeron la promoción de la “fiesta” de los toros, la protección de la caza y la eliminación de la ley de memoria histórica, que únicamente intentaba reconocer por ley (después de ochenta años) a las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
- O cuando las cúpulas de la derecha española y de la mal llamada izquierda (señores Casado, Rivera, García-Page, Lambán y un largo etcétera) hacen unas estentóreas proclamas en defensa del “honor de la patria” para atajar de raíz los ridículos intentos de un partido del gobierno del PSOE (el que dio el visto bueno al 155) que ha hecho un pequeño gesto para querer negociar unos mínimos con el govern de la Generalitat. Los gritos de “alta traición”, “felonía” y epítetos similares, han sido usados con un desparpajo y una desvergüenza increíbles. Esas llamadas a la turba (esto sí que es una “turba”, señores fiscales) recuerdan las más recientes de los nazis alemanes, antes del holocausto, contra cualquier ciudadano identificado como judío, contra sus bienes y contra sus símbolos. También recuerdan, mucho más atrás, las acciones violentas de los cristianos viejos castellanos contra la diferencia étnica y religiosa, que iban desde la hoguera hasta la expulsión de cualquiera que no demostrara la pureza de sangre. Ignorancia, violencia y maldad, en manos de una pandilla de insensatos.
Son sólo unas muestras que ponen de manifiesto el déficit democrático global que sufre la sociedad española.
Creo que la confusión sobre si España es o no es un Estado democrático parte de una lectura incorrecta de la realidad circundante. Que el Estado se enorgullezca de tener la red férrea de alta velocidad más extensa de Europa (un tren para ricos que pagan los pobres con sus impuestos), que en Madrid haya una profusión de fondos de cobertura (hedge funds) y de empresas de capital riesgo (private equity), que los españoles hayan superado (con ciertas dificultades) su escasa capacidad para hablar y escribir otros idiomas que no sea el propio, que los “influencers” nacionales compitan con los foráneos en las mismas trivialidades, que haya partidos políticos y se vote cada cuatro años, no significa que se haya alcanzado la modernidad. Han mejorado también algunas infraestructuras y se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación, pero siguen anclados culturalmente en el pasado, un pasado por civilizar.
La imagen de un país no es una postal, una foto fija de bellos edificios. Es una realidad plural, en la que se integran las creencias, ideas, usos y costumbres de los ciudadanos y de las organizaciones que la han conformado a lo largo del tiempo.
Cambiar la imagen de España, al menos a medio plazo, es misión imposible. Se tendrían que haber producido una serie de rupturas epistemológicas que han quedado pendientes. Y ahora no se puede pasar de golpe de la cabra a Internet.
