EL JUICIO PENDIENTE

Focus: Política
Fecha: 04/09/2018

No el que usted se imagina, que será una pieza más de la farsa urdida por el aparato del Estado para tratar de liquidar de raíz los derechos de un pueblo a la libertad.

No es éste el juicio pendiente, sino otro muy distinto que tenía que haberse celebrado tras la muerte del dictador (1975), pero que el chantaje de unos, la complicidad de otros y la cobardía de la mayoría impidieron que se llevara a término. En Alemania lo hicieron, aunque se quedaron cortos, utilizando como coartada la burda narrativa de “el telón de acero”.

Porque en Núremberg no hubo un juicio, sino varios, aunque los medios se centraron en el principal, donde los acusados eran la élite de la jerarquía nazi: Göring, Bormann, Jodl, Kalterbruner, Keitel, etc. Se les acusó y sentenció como máximos responsables del genocidio. Pero para desarrollar sus planes, contaron con la colaboración (entusiasta a veces, neutra en otras ocasiones) del sistema judicial alemán, que se limitaba a aplicar escrupulosamente las leyes.

Es el repetido mantra de que “hay que respetar la ley”, sin entrar en consideraciones morales.

El “Juristenprozess” fue el tercero de los doce juicios contra los criminales de guerra nazis. Los acusados fueron dieciséis juristas alemanes, por el abuso de procesos penales con el resultante de torturas, saqueo de la propiedad privada y asesinato en masa. El juicio ocupó todo el año 1947 y las sentencias (que no se cumplieron en su totalidad) fueron desde cadena perpetua a cinco años de prisión. Otros juristas de mayor rango (ministros del gobierno Hitler) eludieron el juicio, tras morir en algún bombardeo aliado o cometer suicidio. Con todas sus limitaciones, fue un acto de “desnazificación”.

En términos comparativos lo ocurrido en el Estado Español fue una vergüenza. Todo el aparato judicial franquista, que había contribuido a la represión y muerte de millares de ciudadanos (durante la guerra y en la dura posguerra), se mantuvo incólume. No sólo esto, sino que pasaron a ocupar los principales puestos de responsabilidad en la cúpula del poder judicial. Dejaron en poco tiempo de ser unos fascistas genuinos a autodeclararse unos demócratas convencidos. Y con ellos, bien protegida por el cuerpo de funcionarios del Régimen, su forma de interpretar la “justicia”.

Y así han seguido hasta nuestros días, porque la cultura (en el sentido antropológico del término) siempre queda oculta bajo la moqueta. De generación en generación, siguen las creencias, ideas,  usos, costumbres y procedimientos que sus ancestros les han transmitido. No es de extrañar pues las causas abiertas contra los líderes independentistas catalanes o las sentencias firmes contra un grupo de muchachos vascos, por un forcejeo de fin de semana con unos guardias civiles de paisano. No cabe sorpresa por sentencias como las de “la Manada” o por el caso “Blanquerna”, ni tampoco por la inhibición de la fiscalía ante la grosera conspiración del ministro Fernández y el director de la oficina antifraude de Alfonso. Y la saga continúa, pues las nuevas promociones de jueces y juezas salen de la Escuela Judicial de Barcelona, situada en Vallvidrera, y que ha contado con directores como la señora Gema Espinosa, esposa del señor Llarena, magistrado que fue a su vez Jefe de Estudios de la citada escuela.

No se trata de “desinfectar” (como recomendaba el siniestro ministro Borrell), sino de “desfranquistizar”. Y éste es el juicio pendiente.

El problema de fondo es que este juicio simbólico debería ir acompañado de una sincera autocrítica por parte de una gran parte de la población española que, consciente o inconscientemente, piensa y actúa según los patrones del antiguo régimen: autoritarismo, intolerancia, violencia, fanatismo. Y esto es pedir mucho a una sociedad cansada y escasamente informada. Sería bueno que lo intentaran. Por su propio bien.

Decía James Baldwin que cuando la ignorancia se alía con el poder, el producto resultante es el más feroz enemigo de la justicia.

Alf Duran Corner

 

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