EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA LÓGICA
Focus: Política
Fecha: 30/06/2020
Sobre el primer sujeto se nos dice que es el garante de la Constitución, aunque sería mejor decir de su interpretación, ya que ese manuscrito es del género jurídico-literario, donde se combinan el arte de la retórica, con la épica, la lírica y la dramática.
La lógica, por su parte, se basa en el razonamiento (inductivo o deductivo) y no admite escapatorias de carácter acientífico, más propias de la ficción.
En la naturaleza todo fenómeno tiene su propia lógica, aunque a veces resulte difícil encontrarla. Los humanoides nos ajustamos al patrón y nuestras conductas están cargadas de razonabilidad (la nuestra), lo cual no significa que sean razonables para el resto de los agentes.
Es por eso que no deben extrañarnos las decisiones que toman aquellos sujetos cuya lógica puede estar en las antípodas de la nuestra.
Por ejemplo, las que toma el Tribunal Constitucional del Estado español. Pueden parecernos aberrantes, pero tienen sus fundamentos.
A modo de preámbulo, un par de acotaciones sobre esos “altos funcionarios”:
1). En su calidad de funcionarios puros de la Administración (no se incluyen los sanitarios ni los educadores, que sí son servidores públicos), son conservadores, lo que significa que defienden el statu quo, que indirectamente protege su puesto de trabajo. Aquí no vale la etiqueta (cada día más confusa) de progresistas y conservadores. En términos vitales – que es lo que cuenta – todos son conservadores.
2). La segunda acotación (de una singular agudeza) viene de Upton Sinclair, el gran novelista, periodista y activista norteamericano, que dijo: “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it”. (Es difícil que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo comprenda).
Vayamos ahora, para desenredar la maraña, a uno de los últimos comunicados del Tribunal Constitucional, que dice: El Pleno rechaza poner en libertad de forma cautelar a los presos condenados por el referéndum del primero de octubre.
Esta es la decisión, que va acompañada por las consabidas notas procedimentales, notas que generan todavía más confusión.
Y esta decisión tiene una lógica aplastante, si tenemos la paciencia de documentarnos sobre los miembros de ese tribunal y su trayectoria político-jurídica. Veamos:
- Juan José González Rivas, presidente desde 2012. Fue propuesto por el PP. Antiguo miembro del Tribunal Supremo. Entre sus aportaciones como miembro de ambos tribunales tenemos su voto particular contra el matrimonio entre homosexuales, pues para él el matrimonio es el de “toda la vida”. También tenemos un voto particular contra la constitucionalidad de la asignatura “Educación para la ciudadanía”. Otro voto, éste por mayoría, contra el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Colaborador de la fundación FAES (vinculada al PP), que preside José María Aznar.
- María Encarnación Roca Trías, vicepresidenta desde 2017. Propuesta por el Parlament de Catalunya. Antiguo miembro del Tribunal Supremo. Entre sus aportaciones vemos que validó la imparcialidad del anterior presidente Francisco Pérez de los Cobos (cuyo hermano Diego, teniente coronel de la Guardia Civil, fue el responsable máximo del dispositivo policial del 1/O), al que se acusaba de compatibilizar el cargo con su militancia en el PP. Votó a favor de la aceptación a trámite del recurso del gobierno español contra la consulta no refrendaria del 9 de noviembre del 2014. Votó a favor de declararla inconstitucional. Votó contra la ley catalana de prohibición de las corridas de toros en Catalunya.
- Andrés Ollero Tassara. Perteneciente a la conocida “saga de los Ollero”. Su padre Ernesto Ollero de la Rosa era hijo de Ernesto Ollero y Sierra, general de artillería y hermano mayor de la Macarena. Licenciado en Derecho, hizo oposiciones y obtuvo la cátedra de Filosofía del Derecho. Miembro numerario del Opus Dei. Diputado del PP por Granada entre 1986 y 2003. Promovido por su partido en el 2012 para ocupar plaza en el tribunal. Su posición contra el aborto y el matrimonio entre homosexuales es la de la corriente ultracatólica, y la ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones.
- Santiago Martínez-Vares García. Antiguo magistrado del Supremo. Promovido por el Consejo General del Poder Judicial en el 2013. Fue presidente de la “conservadora” Asociación Profesional de la Magistratura. Fue uno de los jueces que participó en la sentencia que dictaminó en el 2010 que el castellano también ha de ser considerado lengua vehicular en las aulas de Catalunya. Rechazó en el 2009 un recurso de ERC por la injerencia de la religión en la educación infantil. Colabora con la fundación FAES.
- Pedro José González-Trevijano. Estudió Derecho en la Complutense. Catedrático de Derecho Constitucional, fue también rector de la universidad Rey Juan Carlos. Muy próximo al PP, durante su etapa como rector incorporó al claustro a diversos familiares de políticos del partido. Percibido como un hombre muy ambicioso, publicó en el diario ABC diversos artículos en los que halagaba al Rey Juan Carlos, lo que parece le permitió una mayor cercanía al poder de la monarquía. Colabora con la fundación FAES.
- Antonio Narváez Rodríguez. Miembro desde el 2014, a propuesta del gobierno del PP. Fue fiscal del Supremo y del propio tribunal Constitucional, antes de ser magistrado. Ha tenido diversas intervenciones en la aplicación de la ley de Partidos Políticos, lo que ha llevado a la ilegalización y/o a la impugnación de varias candidaturas y agrupaciones electorales. Apoyó, junto al resto de sus compañeros, las impugnaciones del gobierno, declarando nulos varios apartados de la resolución del Parlament de Catalunya que reiteraban el derecho a la autodeterminación y la reprobación de Felipe VI. Colabora con la fundación FAES.
- Alfredo Montoya Melgar, con ochenta y tres años, es el veterano del grupo. Catedrático emérito de Derecho del Trabajo. Fue propuesto por el Senado (con mayoría del PP) en el 2017. Amigo íntimo de Francisco Pérez de los Cobos (ya citado). Ha sido también consejero del Consejo Económico y Social de España, entre otros cargos. Ha sido colaborador, ponente o asistente a cursos de la FAES.
- Ricardo Enríquez Sancho. Licenciado en Derecho. Ha sido miembro del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central. Fue propuesto también por el Senado en el 2017, bajo el patrocinio del grupo parlamentario popular.
- Juan Antonio Xiol Ríos. En la carrera judicial desde 1971. Ha sido miembro del Tribunal Supremo, de la Junta Electoral Central y del Consejo General del Poder Judicial. Fue propuesto precisamente por esta institución en el 2013. Ha ocupado cargos en el ministerio de Justicia en gobiernos del Psoe. Será por eso que se le considera un progresista “moderado”, que es tanto como no decir nada.
- Fernando Valdés Dal-Ré. Catedrático de Derecho del Trabajo. Propuesto por el Congreso en el 2012 con el aval del Psoe, como contrapartida al nombramiento de Ollero, respaldado por el PP. Es un técnico reputado en temas laborales y estuvo en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Es el caso más próximo a un magistrado independiente.
- María Luisa Balaguer Callejón. Propuesta por el Senado en el 2017 con el aval del Psoe, en el intercambio de cromos tradicional del duopolio PP-Psoe, que permitió la entrada de Enríquez y Montoya. Licenciada y doctora en Derecho por la universidad de Granada, es un caso insólito en la institución, pues entre 1977 y 2003 ejerció la abogacía en un despacho privado. Catedrática de Derecho Constitucional. Se la puede considerar inclasificable.
- Cándido Conde-Pumpido Tourón. Es un veterano de la Administración de Justicia, donde ha sido casi todo: Fiscal General del Estado, magistrado del Supremo, miembro del Consejo de Estado, etc. Pertenece a una familia de juristas. Su padre fue teniente fiscal del Tribunal Supremo. Está casado con una magistrada también del Supremo. En su etapa en el País Vasco impulsó los procesos de ilegalización de las agrupaciones electorales de la izquierda abertzale. Es un pragmático no adscrito. Se considera que como Fiscal General del Estado no cumplió su papel legal en el caso del asesinato de José Couso, que fue ametrallado por unos soldados norteamericanos cuando filmaba su actuación desde la ventana de un hotel en Bagdad. Conde-Pumpido se inhibió y el caso acabó archivado.
¿Qué tienen en común estos ciudadanos?
1.Que la práctica totalidad han vivido siempre de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que nunca han quedado afectados por ERTO’s, ERTE’s u otros procedimientos similares.Viven “au-dessus de la mêlée”.
2.Que ideológicamente están escorados a la derecha de la derecha (ponga un Faes en su vida), lo que da un plus a su talante, de natural conservador.
3.Que sus contratos laborales son de nueve años, lo que les da seguridad en el puesto.
4.Que sus ingresos medios (complementos aparte) son de 100.000 euros anuales, lo que explica que domine la unanimidad en las decisiones políticas, que son las importantes. Las pequeñas discrepancias son para temas menores o procedimentales. Los votos particulares son votos inútiles pero “quedan bien”.
La máquina está bien engrasada, ya que el Tribunal Constitucional cuenta con un presupuesto próximo a los veinticuatro millones de euros anuales.
Volvamos ahora a la lógica, que es el instrumento de análisis que hemos elegido. Si tenemos en cuenta los hechos conocidos (las premisas) podemos inferir (deducir) las conclusiones. En este contexto no cabía otra decisión que rechazar la puesta en libertad cautelar de los presos (“políticos” off course).
Aquí prima el Derecho como norma. La Justicia, como casi siempre, es el convidado de piedra.
