FUNCIONARIOS Y CREACIÓN DE VALOR
Focus: Política
Fecha: 12/07/2013
La discusión sobre el número de funcionarios que hay en el Estado es una discusión sesgada, pues no es éste el núcleo del problema de la burocracia, como no lo ha sido nunca. La cuestión es hallar el equilibrio entre el cuerpo de servidores y el “valor añadido” que estos generan para la sociedad.
Ya decía Benjamín Disraeli que hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y el gobierno que preside el señor Rajoy (casi todos ellos “funcionarios de carrera”) maneja las estadísticas como se le antoja. Es por ello que presumen diciendo que en España hay sólo 2.917.000 empleados públicos (EPA 2012), lo que supone un 12,7% de la población activa, en tanto que el promedio en el conjunto de los 34 países que integran la OCDE se eleva al 15%.
Pero si analizamos con más detalle las tripas de esas cifras, en lo referente al Estado Español, nos encontramos con algunas señales de alerta. Por ejemplo:
• ¿Cómo es que después de la “gran descentralización administrativa” (el invento de las “comunidades autónomas”), el Estado central tiene todavía 517.000 empleados? ¿Por qué no se reduce este lastre? ¿Será por tradición centralista o por cultivar un voto cautivo?
• ¿Es razonable que haya casi tantos funcionarios (2.917.000) como trabajadores autónomos (2.997.000)?
• ¿Son necesarios 1.596.000 “funcionarios de carrera”, que han accedido al puesto por oposición y disfrutan de “plaza en propiedad”? ¿No resulta chocante en pleno siglo XXI ese extraño privilegio de una plaza fija, vitalicia y sin riesgo de despido?
• ¿Cómo es que Catalunya, que tiene 185 competencias asumidas – más que ningún otro territorio – tenga sólo un funcionario por cada 25 habitantes y sólo hay un funcionario por cada diez personas ocupadas? ¿Y cómo en Extremadura, con muchas menos competencias que Catalunya, hay un funcionario por cada 11 habitantes y uno por cada cuatro personas ocupadas? ¿No debería haber un correlato entre competencias y funcionarios?
• ¿Es sano en términos sociológicos que uno de cada siete empleados en Madrid (capital del Estado) sea funcionario? ¿Tendrá esto algo que ver con la cultura dominante en esa localidad?
Estas son algunas señales, pero hay otras muchas. No se trata de abrir un debate sobre el tamaño del Estado, sino sobre la eficiencia y eficacia de los “servidores públicos”, medidas por los ciudadanos que reciben o deberían recibir sus prestaciones. Hay un principio esencial en la gestión de una organización, sea ésta pública o privada: la proximidad a los hechos.
La ola de centralización que nos invade va en sentido contrario. Los problemas del Delta del Ebro no se resuelven en una mesa de despacho entre funcionarios desocupados. Se resuelven en Deltebre, en Sant Carles de la Ràpita y en Sant Jaume d’Enveja. Y los resuelven los ciudadanos del Montsià i del Baix Ebre.
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