Focus: Política
Fecha: 10/03/2017
La Inquisición Española ejerció su poder sobre los súbditos del imperio español desde que la reina Isabel la Católica hizo buen uso de su calificativo. Durante siglos la Inquisición practicó las más terribles torturas, que sólo una cultura represiva como la castellana podía imaginar. Merece la pena echar un vistazo a las herramientas utilizadas contra cualquier persona que se atreviera a cuestionar su cerril dogmatismo (ver el apartado “de otras webs”).
Desde un punto de vista instrumental, la Inquisición Española dejó de aplicar sacrificios en 1834 (cuatrocientos años de “escarmientos”), después de ejecutar al valenciano Cayetano Ripoll, un maestro heterodoxo que no se ajustaba a los cánones del poder.
Pero cuatrocientos años son muchos años y dejaron huella en la mentalidad castellana. Cuando en 1812 se intentó construir un país llamado España (Cortes de Cádiz), se puso de manifiesto que las ideas liberales (libertad, tolerancia, respeto, dignidad) no podían insertarse en aquel marco referencial. Por esto fracasó. España nunca ha sido un país sino un aparato administrativo, que es lo que en realidad es un Estado.
Y ese aparato administrativo, lógicamente de raíz castellana, ha mantenido la superestructura ideológica de sus ancestros, entre cuyos componentes se encuentra el autoritarismo y sus mecanismos de expresión.
Estos días hemos visto todo ello reflejado en la peculiar conducta del aparato judicial (jueces, fiscales, etc.) en los casos de los políticos catalanes imputados y juzgados por no someterse a la letra de una constitución legal pero no legítima, que se implantó con ruido de sables y sin limpiar los tribunales y sus periféricos del marchamo de una dictadura sangrienta.
Las sesiones de los juicios habidos se parecen a un auto sacramental, muy próximo al estilo calderoniano. Es la palabra, con su burbuja retórica, su ampulosidad, el uso repetido de las agudas y las esdrújulas, sin apenas llanas para darse un respiro.
Es el marco, es la dureza ridícula de los interrogatorios, como si se tratase de algo muy serio, algo que afecta al común de las gentes. Es el tiempo destinado a estos esperpentos, cuando no hay nada que juzgar que exija tanto gasto, tanta palabrería, tanta gesticulación, tanta falsa solemnidad.
Siempre había interpretado –desde la distancia– que los fiscales eran los defensores de los derechos del Estado (o sea de los contribuyentes que pagamos su sueldo), y llevo tiempo dándome cuenta de que esto es un fraude, que no me defienden a mi sino que tratan de mantener sus propios intereses. En cuanto a los jueces, incluso los más independientes, veo que no pueden más que ser obedientes a las instancias más altas de su organización, si no quieren ver peligrar su carrera y su pensión de jubilación.
En economía hablamos del “coste de oportunidad”, entendido como aquel coste de no hacer aquella alternativa que se nos ofrecía frente a la decisión de inversión o gasto tomada. Es una medida de tipo cuantitativo, muy útil para medir el valor de nuestras decisiones. Pero si nos trasladamos a la dimensión política y social, y visto el panorama que nos ofrece el Estado Español en todas sus vertientes, parece razonable pensar que el “coste de oportunidad” de mantenernos como “comunidad autónoma” y no abandonar el barco e independizarnos, es enorme.
No es una cuestión pues simplemente cuantitativa, sino también, y quizás en mayor grado, cualitativa.
Siguen anclados en la Inquisición, aunque ahora la represión sea más blanda.
Adéu ! Agur ! Qué les vaya bonito !