LA LEGALIDAD

Focus: Política
Fecha: 24/05/2013

Probablemente ésta es la palabra más usada por todos aquellos que están en contra de cualquier cambio que pueda afectar a sus intereses, sean estos legítimos o no lo sean. De hecho saben o deberían saber que la “legalidad” no es más que el conjunto de leyes que rigen la vida de un país y que un sistema político puede ampararse en la legalidad y ser, al mismo tiempo, profundamente antidemocrático.

El franquismo instauró unas leyes y cualquiera que se saliera de ese marco era ilegal. La famosa constitución española de 1978, cuyos auténticos padres no fueron los amanuenses que la redactaron sino los poderes fácticos del régimen anterior, era legal por decreto. Y como ocurre casi siempre, el refrendo popular de aquella época la confirmó sin saber su contenido. Tras la larga y cruel dictadura, la gente votaba cualquier cosa a la que fueran invitados.

Y su contenido, cargado de obviedades aplicables a cualquier principio fundamental, contiene lagunas profundamente antidemocráticas. La más destacable de estas últimas es la expresada en el artículo 2 y complementada en el artículo 8, que dice así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles… Las Fuerzas Armadas… tienen como misión… defender su integridad territorial…”. Merece la pena prestar un poco de atención al uso retórico de las mayúsculas.

Es una constitución construida con el ánimo de limitar, si es necesario por la fuerza, la libertad de los ciudadanos a los que teóricamente protege. En un país libre y democrático, al ejército se le conoce por sus silencios, no por su capacidad de coaccionar. Es una constitución que parece un manual operativo (¡169 artículos!) y que consagra un modelo de país con el que muchos no nos sentimos identificados.

Es una constitución que no votaron el setenta y cinco por ciento de los españoles, bien porque no habían nacido o porque no tenían edad para poder votar o porque conocían el borrador y sabían de sus dobleces.

Es por ello que insistir en que “el derecho a decidir” de los catalanes tiene que someterse a la “legalidad”, es una burda trampa de leguleyos sin escrúpulos o de pendejos con iniciativa.

Alf Duran Corner

 

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