LA TRAMPA
Focus: Sociedad
Fecha: 12/08/2002
Cuando se produce una sentencia de culpabilidad con resonancias mediáticas (por su impacto social o por el protagonismo del inculpado), se expone con detalle el alcance de los años de cárcel, como si se nos quisiera tranquilizar por la cobertura jurídica que nos protege.
Pero todo esto es pura retórica y los hechos desmienten el supuesto de una sociedad justa y segura.
Si seguimos la pista del inculpado, una vez entra en prisión, nos podemos llevar una sorpresa mayúscula.
Ahora el Tribunal Supremo ha doblado la pena que la Audiencia Nacional impuso al señor Mario Conde, expresidente de Banesto, por diversos delitos que van desde la manipulación y ocultación de datos en las cuentas, hasta la apropiación indebida. La condena es a veinte años.
El señor Conde ya ha estado en la cárcel en dos ocasiones por otros delitos, pero sus estancias fueron relativamente cortas (un mes a finales del 94 y dieciocho meses entre el 98 y el 99).
Ahora los veinte años pueden quedar en seis o siete (a tiempo parcial), pues se acogerá a la redención de penas por el trabajo, a los permisos de día y a todo tipo de triquiñuelas que la ley legitima.
Y no es que el señor Conde sea un caso particular y goce de favores especiales. Su historia es la de cualquier penado que si tiene “buen comportamiento” (sólo faltaría que esperásemos lo contrario) y se dedica al trabajo y no a la holganza (como cualquier ciudadano honrado), verá reducir sustancialmente el castigo impuesto.
La cárcel se transforma así en un espacio de reflexión, donde los más espabilados y los que gozan de buena posición económica, pueden dedicarse a mejorar sus capacidades para futuros proyectos.
Esto es una vergüenza.
