LA ÚLTIMA PIRUETA
Focus: Economía
Fecha: 07/09/2011
Estos mediocres personajes, que han hecho de la política una profesión, creen que con este gesto ya está todo solucionado. Y lo cierto es que se han limitado a solemnizar una obviedad. Para aclarar este embrollo hay que desenredar la madeja y colocar cada cosa en su sitio. Vamos a intentarlo.
La “estabilidad presupuestaria” es puro sentido común. Una persona, una familia, una empresa, un país han de procurar que sus ingresos sean superiores a sus gastos. Cuando esto no ocurre, se produce un déficit de caja y el actor (sea quien sea) tiene que cubrirlo endeudándose (si encuentra acreedor que le proporcione el dinero). Si el actor es público (el gobierno central, un gobierno autonómico, una corporación local), ya tenemos el déficit público.
Cuando esto ocurre de forma reiterada, el sumatorio de los déficits (a veces compensado con algún superávit) produce un volumen de obligaciones con terceros al que llamamos deuda pública. Y las deudas hay que pagarlas o ir al juzgado y declarar que no se pueden pagar por el momento (se pide una tregua y se negocia con los acreedores) o que definitivamente nunca se podrán pagar (insolvencia / bancarrota).
El Estado Español tiene una deuda pública de 667.000 millones de euros, que no es cifra baladí pero entra en los límites de lo razonable. Lo que ocurre es que en el 2012 vencen activos del Estado por valor de 116.000 millones, y hay que refinanciarlos. Y esto cada vez es más caro. Es decir, que en los Presupuestos del Estado, la partida de intereses financieros se dispara y alcanza un protagonismo inusual. Es como si en una familia, la hipoteca del piso se llevara buena parte de los ingresos y el resto de los gastos corrientes (alimentación, sanidad, educación, etc.) quedaran en situación precaria.
Además, los inversores (que son los que pueden comprar bonos del Estado) saben que la deuda privada en España (de las familias, las empresas y los bancos) es muy superior a la deuda pública (se estima que es el triple) y temen que en algún momento el Estado se vea en la necesidad de cubrir los agujeros de la primera. Y esos inversores – que los medios de comunicación describen eufemísticamente como “mercados” – tienen enormes recursos para “apostar a la baja” sobre la deuda pública española y hacer grandes beneficios a corto, con muy poco riesgo.
Los grandes inversores internacionales nunca habían ganado tanto dinero con los bonos. Las cifras que manejan en sus operaciones son espectaculares: los “Fondos de Inversión” cuentan con 18 billones de euros; los “Fondos de Pensiones” con 14 billones; los “Fondos Soberanos” con 2,5 billones; y, por último, los “Fondos de Cobertura” (Hedge Funds) con 1,5 billones. Respecto a estos últimos, hay que añadir que son los reyes del “apalancamiento” (apoyarse en recursos ajenos para hacer operaciones), por lo que pueden multiplicar por 10 su capacidad de inversión (15 billones de euros).
Este es el escenario económico real en el que nos encontramos. Los “guiños” (como ese espectáculo del parlamento español con la supuesta “estabilidad presupuestaria”) sirven para los bailes de sociedad. Los analistas financieros acostumbran a ser muy cínicos y buscan la diversión de otra manera.
Además, en la práctica, la votación del parlamento llevará en el 2012 (tras las elecciones generales) a producir una ley orgánica que podrá tener aplicación entre el 2018 y el 2020. Largo me lo fiáis: como decía el gran Keynes (los señores Rodríguez Zapatero y Rajoy no lo estudiaron porque son de “letras”), “a largo plazo, todos muertos”. Se tendrá que ver entonces “la letra menuda” de la ley, porque hecha la ley hecha la trampa. La tan traída y llevada Constitución alemana (que se toma como referencia) dicta para el 2015 un déficit público inferior al 0,35% del PIB, pero abre el camino para saltarse esa limitación en cualquier circunstancia que se crea conveniente (recesiones, emergencias, catástrofes naturales, etc.).
Otra floritura de esa “Reforma Express“ es que el concepto que se maneja es Déficit Público Estructural. ¿Saben qué quiere decir esto? Pues lisa y llanamente que es un déficit que no incluye los “estabilizadores automáticos” que se activan en los cambios de ciclo económico (recesiones y/o expansiones) y que afectan tanto a los ingresos como a los gastos del Estado. Es decir, es un déficit puro, que sólo puede poner de manifiesto el desgobierno de los recursos públicos.
Los señores y señoras parlamentarios, que tan ufanos han votado a favor de este proyecto, deberían saber que técnicamente el sector público tiene una función estabilizadora, que le permite amortiguar las fluctuaciones coyunturales del ciclo económico, con el propósito de mantener un crecimiento estable, con ocupación, y control de los precios. Poner un corsé a todo esto es un absurdo económico, aunque como ya venimos señalando tendrá pocos efectos reales.
Esos parlamentarios que votan disciplinadamente lo que les ordena el partido (no tienen criterio propio) tendrían que saber que la gran Alemania, desde la reunificación (1990), sólo ha tenido superávit público en dos ejercicios. Es decir, en veintidós años, veinte años se han gestionado con déficit público. No creo que nadie discuta sus fundamentos macroeconómicos. En cuanto a Francia e Italia, no saben lo que es un superávit desde 1980. El Estado Español tuvo superávits públicos en los años 2005, 2006 y 2007 (pequeños superávits), causados básicamente por los ingresos procedentes de la “burbuja inmobiliaria”. Pasado el subidón, han aflorado todas las vergüenzas.
Y ya que queremos copiar a los alemanes, seamos honestos y no los copiemos a medias. Porque con tanto ruido sobre el déficit, nos hemos olvidado del lastre del déficit fiscal, que no es otra cosa que la diferencia en negativo que sufren los ciudadanos de un territorio que ven que los impuestos que tributan por todos conceptos no tienen la contraprestación que les corresponde. En Alemania, desde la reunificación, los länder (Estados) de Baviera, Baden-Würtenberg, Hesse y la ciudad de Hamburgo transfieren rentas a los otros Estados, aunque nunca pueden superar el 4% del PIB que generan. Los ciudadanos de estos Estados están hartos de estas transferencias y presentan reclamaciones constantemente por vía política y legal. Esta construcción jurídica no existe en el Estado Español y deberían aprovechar la movida para incorporarla. Si se copia, hay que copiar bien.
Porque los ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya padecen un Déficit Fiscal fuera de toda lógica, que se han transformado en una enfermedad crónica y ha afectado y sigue afectando a su calidad de vida. El Déficit Fiscal de Catalunya es aproximadamente un 10% de su PIB (limitación del 4% en Alemania). Si el PIB es de 220.000 millones de euros, el Déficit Fiscal es de 22.000 millones de euros. Es decir, los ciudadanos de esta nación transfieren rentas al resto de ciudadanos del Estado, rentas que echan a faltar y que suponen limitaciones en todos los ámbitos, desde las infraestructuras más simples (red de trenes de cercanías), hasta las prestaciones sociales elementales, como educación, sanidad, dependencias, etc. Y esa transferencia se viene haciendo desde la tan pretenciosamente alabada Transición (de ahí su carácter crónico). Sólo en el período 1990 – 2010 se han transferido 160.000 millones de euros. Lo del “Plan Marshall” queda pequeño al lado de esta mayúscula estafa.
Resulta patético comparar la transferencia de Baviera en el 2010 (3.500 millones de euros) con los 22.000 millones de Catalunya. Si la transferencia se limitara al 4% (como en Alemania), el tributo confiscatorio quedaría en 8.800 millones de euros. Esta no sería la solución definitiva, pero nos permitiría respirar un poco, y ellos podrían continuar haciendo sus surrealistas inversiones, como los AVE a Galicia, a Badajoz o a Salamanca (siempre desde Madrid), que aunque saben sobradamente que serán ruinosos, dicen que contribuyen a la “cohesión social”, que es su imaginativo indicador para medir la “tasa de rentabilidad interna” (TIR) de un proyecto de inversión. Una mezcla de “contabilidad creativa” y “capitalismo de amiguetes”.
En cuanto a la lectura política del tema y al maridaje del PP y el PSOE (tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando), hay que entender que estos pobres chicos se están quedando sin trabajo. La soberanía del Estado/Nación está siendo cuestionada por todas partes. El ejército español es teledirigido desde la OTAN. La política monetaria depende del Banco Central Europeo. Y ahora, la política fiscal hace voto de castidad, bajo la mirada estricta de la monja de turno. Se habla de un posible gobierno de la Unión Europea. ¿Qué les queda?
Por eso se levantan orgullosos y hacen un brindis al sol. Siempre me he preguntado si actúan así por ignorancia o por mala fe. O por ambas cosas a la vez.
