LAS CUENTAS CLARAS
Focus: Política
Fecha: 14/07/2009
Los medios de comunicación participan en el debate con su habitual dominio de noticias instantáneas sin hilo conductor, que se añaden al caos dominante. Los políticos, unos como payasos y los otros como convidados de piedra, intervienen en el show sin ninguna voluntad de definir conceptos.
Algún día los historiadores nos tendrán que contar las razones ocultas que impidieron explicar los hechos de forma sencilla. Es un misterio, porque en verdad las cuentas están muy claras.
En una democracia representativa como la nuestra, el aparato del Estado tiene ciertas obligaciones. Para cumplirlas precisa recursos económicos. La mayor parte de estos recursos provienen de los impuestos, sean estos directos (ligados a las rentas de cada uno) o indirectos (vinculados a los actos de consumo). Si no tiene suficiente para cubrir sus obligaciones, emite Deuda Pública (activos financieros) que compran los inversores nacionales e internacionales. Lo que ocurre con las deudas es que hay que pagar intereses y devolver el principal, por lo que no es conveniente abusar de presupuestos deficitarios.
El Estado, como cualquier empresa, ha de cubrir el gasto corriente (los salarios de los funcionarios, las pensiones, la educación pública, el subsidio de paro, la sanidad, etc.) y además ha de invertir (nuevas infraestructuras, mejora de las actuales, proyectos de investigación básica, etc.).
Cuando el Estado, como es el caso del Estado Español, tiene una estructura autonómica (cercana en teoría al modelo federal), todo lo anterior se puede territorializar. Es decir, cada país o región del Estado tiene sus ingresos (los impuestos) y sus gastos (corrientes e inversiones).
Hay distintas maneras de calcular la balanza, pero todas llevan a la conclusión de que algunos países o regiones del Estado Español aportan mucho más de lo que reciben y esto les genera un déficit fiscal estructural (casi treinta años financiando a los demás). Otras regiones disfrutan de la posición contraria (reciben mucho más de lo que contribuyen). Es decir, viven en parte del trabajo y de las rentas de los demás. A esto último se le llama gozar de la “sopa boba”.
El caso más flagrante es el de Catalunya, que lleva soportando un expolio desde finales de los setenta del siglo pasado, con puntas anuales de casi 20.000 millones de euros de déficit fiscal, lo que significa que cada ciudadano catalán pierde anualmente 2.740 € (450.000 pesetas) que la Administración Pública podría dedicar a mejorar su calidad de vida y que se reparten entre otras comunidades.
El ejemplo, muy citado, de la Comunidad de Madrid es algo insólito. Por un lado figura también entre los contribuidores netos, pero se oculta que el gobierno del Estado aplica discrecionalmente muchos recursos a inversiones en la capital que no se computan como inversiones de la Comunidad. No sólo esto, sino que la estadística oficial interpreta que ciertas inversiones (por ejemplo la T-4) son patrimonio nacional y como tal han de ser pagadas por todos los territorios. Por esta razón, la señora Aguirre está encantada con el modelo actual y se jacta de la generosidad de la comunidad que preside.
Otras comunidades tienen también déficit (Baleares, País Valenciano), pero en valor absoluto no son ni la quinta parte del déficit catalán. Euzkadi y Navarra supieron negociar tras la muerte del dictador y administran sus rentas de forma independiente, lo que queda expresado en su nivel de vida.
Argumentar que todo ello se hace con fines solidarios es una tomadura de pelo. La solidaridad empieza por uno mismo y no hace falta ir muy lejos para aplicar criterios de equidad y de justicia social.
Y ahora el gobierno central se saca de la chistera un “nuevo modelo de financiación autonómica”. Esto significa que quien controla la caja va a hacer un reparto ligeramente diferente, para que los políticos catalanes estén contentos y colaboren con ellos en sus cuitas parlamentarias. Y encima, los ciudadanos catalanes hemos de aguantar los insultos de algunos líderes regionales y de su corte mediática que por ignorancia o por mala fe o por ambas cosas, son capaces de manifestar ante la opinión pública que somos unos ventajistas y lo queremos todo.
Son unos tramposos. Sólo queremos lo nuestro (lo que generamos con nuestro trabajo y recaudamos en nuestro país) y estamos dispuestos a luchar por ello, aunque los políticos que nos representan por el momento se hagan el sordo y se refugien en la letra de un Estatut sometido a sucesivos recortes y que continúa quedando muy lejos de una balanza fiscal neutra.
No hay que hacer ningún modelo matemático para comprender la lógica de los ingresos y los gastos. Basta con saber sumar. Y está suficientemente demostrado que el Estado Español no está por la labor. Aunque sea sólo por higiene mental, hay que darse de baja.
