LOS FUNCIONARIOS
Focus: Sociedad
Fecha: 23/07/2024
Voy a empezar haciendo autocrítica, herramienta que aprendí a practicar en mi segunda adolescencia y que sigo utilizando a conveniencia. En este caso reconozco mi sesgo anti-funcionario. No me gustan, aunque no pretendo generalizar.
Y no es que se me pueda etiquetar de neoliberal y esté a favor de un Estado mínimo, como lo están los “ácratas” del Partido Republicano en Estados Unidos, para los que el Estado solo ha de cuidarse de defender sus intereses privados a través de los cuerpos de seguridad. Simplemente estoy a favor de un Estado ligero en el que la iniciativa privada sea el motor y el sistema público cubra algunas zonas esenciales, pero no se dedique a competir, bloquear, limitar y controlar los proyectos de mejora y progreso de los ciudadanos.
Creo que sanidad y educación son dos pilares fundamentales de una sociedad democrática y no deben dejarse en manos del mercado. En menor medida y con la dimensión adecuada hay algunas áreas que también corresponden a lo público (la ley y el orden), pero cuestiono el peso que lo público tiene en muchas otras y que nos conducen directamente al siempre temido Leviathan y en especial a la lectura hobbesiana del contrato social. Decía Hobbes (siglo XVII) - para defender su teoría - que los ciudadanos tenían que ceder parte de sus libertades personales al Estado a cambio de recibir la protección de éste, representado en aquella época por el Soberano / Monarca. A su juicio, esto produciría una sociedad más justa y equilibrada.
La idea, con sus altibajos, ha prosperado, aunque los resultados hayan sido negativos. Políticamente en la actualidad los Estados, falsamente democráticos, han ido creciendo y lo han hecho en áreas coercitivas (“el partido de la porra”), lo que explica los continuos asedios de todo tipo a los ciudadanos que se apartan del “catecismo” impuesto por el Sistema. En el Estado español, por ejemplo, si sumamos los funcionarios pertenecientes al ejército, la guardia civil, la policía nacional, las policías locales y autonómicas, y algunos entes asociados, tenemos un auténtico bloque que corresponde al capítulo “orden”, bloque del que probablemente sobre la mitad.
En la Barcelona de mi infancia ese colectivo estaba formado por gente que había ganado la guerra incivil. Eran parte del ejército de ocupación. Su santo y seña era “hable usted cristiano”. No me gustaban y siguen sin gustarme.
Entre el funcionariado administrativo se había hecho limpieza y se habían incorporado los adictos al Régimen. En cualquier caso, su peso específico no era excesivo. Para muchos jóvenes que no habían tenido la posibilidad de acceder a la universidad, la salida laboral ideal era entrar en “La Caixa” (la de “pensions”), que en aquella época era catalana y que se había consolidado con el ahorro de los catalanes. Se decía que si entrabas en la institución, el trabajo era cómodo, sin presiones, bien remunerado en términos comparativos y con otras prestaciones. Era como trabajar para la Administración Pública, pero sin sus pecados capitales.
Ha llovido mucho desde entonces y aquellos escenarios han cambiado. Lo que no ha cambiado, sino que ha ido a peor, es el creciente peso en general de los funcionarios públicos sobre el conjunto de la masa laboral. Y cuando cruzamos los datos del empleo público con el privado en las llamadas Comunidades Autónomas (que de autónomas no tienen nada), vemos que Catalunya destaca todavía por el menor peso porcentual de los funcionarios. Pero si analizamos la tendencia, apreciamos un cierto cambio de signo, aunque siga destacando su singularidad, sobre todo si la comparamos con Extremadura y Andalucía, donde si se suman los funcionarios a los pensionistas y añadimos los menores de dieciocho años (todavía catalogados como estudiantes), nos preguntamos de donde sale la riqueza acumulada para financiar el día a día de todo esto. Nos lo preguntamos, aunque sabemos sobradamente de donde sale.
El problema añadido es que en Catalunya el proceso de asimilación por parte del Estado central sigue su marcha ascendente, con el resultado de que la Administración catalana (Generalitat, Diputaciones y algunos Ayuntamientos de grandes ciudades) se ha contagiado de los vicios históricos de la matriz castellana. Va aumentando el número de funcionarios, con un potente cuerpo de “asesores” que parece forman parte del estatus de los políticos de turno.
El órdago se ha producido ahora cuando, no sin dificultades, se ha tenido acceso al sueldo medio de unos cuantos cargos (unos quinientos) que dependen directamente del govern de la Generalitat. Y la cifra resultante es de 85.500 euros anuales aproximadamente. Esta bonita cifra hay que compararla con el sueldo medio anual en Catalunya, que es de 28.150 euros. He de reconocer que me ha sorprendido el dato, no porque no tuviera indicios, pero no conocía el detalle.
Se ha roto la baraja. Vamos mal. Nos hemos (se han) españolizado hasta extremos increíbles. El patrón institucional del Estado español tiene una estratificación muy conocida. En la cúpula está el monarca o el que hace sus veces; luego viene la Corte (dominada en la actualidad por los lobbies financieros y ese perverso entramado de policías, jueces y comunicadores a sueldo); y al final, el pueblo llano. Y la gran ilusión de ese pueblo (“vivan las caenas” le cantaban a Fernando VII) es trabajar para el Estado. Saben (sabían) que no tendrán un gran sueldo, pero tampoco trabajarán mucho y además les aseguran el puesto para toda la vida.
¡Bingo! Les ha tocado la lotería. Ahora trabajar para el Estado es tener todas las prebendas y contar con unos ingresos más que saneados, mucho mejor que la lucha en el mercado privado para obtener un puesto de trabajo. Y es que como decía Nietzsche, “en la calle hace frío”. No me vale quienes argumentan, por ejemplo, que en los países nórdicos el peso del empleo público es todavía más alto. No me vale porque en esos países civilizados el Estado está al servicio de los ciudadanos (en todos los ámbitos). Es una relación coste-beneficio que explica la continuidad del modelo. Aquí no. Aquí el Estado te puede limitar, sancionar, extorsionar, reprimir, controlar o lo que se tercie.
Que hay funcionarios modélicos, sobre todo en Sanidad y Educación… Evidentemente. Y merecen nuestro respeto y admiración. Pero que hay una plaga de enchufados en trabajos inventados, que hay comisiones sin propósito definido, que hay áreas donde se duplican los puestos, que hay asesores sobre casi todo y que hay mucha basura por barrer, también. No es de extrañar que hagan todo tipo de maniobras para seguir viviendo del cuento, siempre a costa de los contribuyentes. Saben sobradamente que el mercado los rechazaría.
Menuda desvergüenza.
