LOS INTOCABLES
Focus: Sociedad
Fecha: 20/09/2018
A los cinéfilos les recuerda una película de Brian de Palma, que recrea una historia real sucedida en los treinta del siglo pasado, en la que intervenían Kevin Kostner, Sean Connery y Robert de Niro.
Pero el personaje central, Eliot Ness, fue en la vida real un notable ciudadano que alcanzó gran notoriedad durante la presidencia de Herbert Hoover, y cuyo principal mérito fue reducir sustancialmente el protagonismo del crimen organizado en Estados Unidos. Para ello se rodeó de un grupo de fieles (“los intocables”), que tenían plena libertad para actuar, al margen la mayoría de las veces del marco legal norteamericano.
Yo cuando pienso en los “intocables” pienso en la cúpula del sistema judicial del Estado Español. Y esta asociación me viene de las declaraciones del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien dijo recientemente que “en este momento, los que gobiernan son los jueces”. Martín Pallín fue muy explícito al hablar de los jueces y puso nombres y apellidos a su crítica. No se refería a la judicatura en general sino a los estamentos que la gobiernan, en una organización disciplinadamente jerarquizada, en la que “el que se mueve no sale en la foto”.
En un país que cumpla los mínimos estándares democráticos, los jueces no salen en los medios, ni hacen declaraciones, ni intervienen en foros que no sean estrictamente profesionales. Es la mejor prueba para comprobar si lo del “Estado de Derecho” es verdad o una simple cantinela aprendida de corrido mientras preparaban oposiciones.
Esto nos lleva a tratar de presentar nuestra particular lista de intocables, los más notorios, sabedores de que nuestra ignorancia en estos temas impedirá una relación más completa:
Señor Carlos Lesmes. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ejerció cargos políticos durante el gobierno de José María Aznar. Fue Director General de Conciencia y Director General de relaciones con el ministerio de Justicia. En el 2010 pasó al Tribunal Supremo. Como magistrado del Supremo fue ponente de la sentencia contra Sortu (asociación abertzale), que más tarde fue invalidada por el Tribunal Constitucional. En el 2012 fue asesor del ministerio de Justicia (con el ministro Ruiz Gallardón) en la reforma de la ley orgánica del poder judicial. Al año siguiente y de la mano de Gallardón fue nombrado presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Entre el 2003 y el 2010 participó en dieciséis cursos de la fundación FAES, que preside José María Aznar. En la inauguración del año judicial (2017) sentenció que “la indisoluble unidad de la nación española... es una base última, nuclear e irreductible de todo el derecho de Estado”, una frase de alto contenido político que se escapa de las atribuciones de su puesto.
Señor Manuel Marchena. Presidente de la sala segunda (sala de lo penal) del Tribunal Supremo, desde el año 2014. Fue elegido con el apoyo de la mayoría conservadora del CGPJ.
Empezó su carrera como fiscal y llegó a ocupar la secretaría técnica de la fiscalía general, en la época en que el ultraconservador Jesús Cardenal era Fiscal General. En el 2008 fue el ponente de la condena contra el expresidente del parlamento vasco señor Atutxa, condena que más tarde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautorizó.
En el 2012 fue magistrado instructor de la causa contra el juez Garzón por unos cursos en la universidad de Nueva York, causa que no prosperó. En aquellas fechas el exfiscal anticorrupción señor Jiménez Villarejo dijo “Marchena es un perfecto ignorante que tiene una mala fe absoluta”.
Formó parte de los jurados que rebajaron la pena al señor Jaume Matas, expresidente de la Comunidad Balear (de seis años a nueve meses) y que ratificaron la absolución del señor Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana.
Fue también quien en el 2016 archivó la querella de CDC contra el entonces ministro Fernández Díaz y el señor de Alfonso, jefe de la oficina antifraude de Catalunya, por los registros en los que se manifestaba una trama conspirativa contra los líderes independentistas, a base de fabricar pruebas.
Este es el magistrado que en principio presidirá el tribunal en la causa del 1/octubre contra los líderes independentistas.
Señor Pablo Llarena. Magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Juez instructor de la causa general contra los independentistas catalanes.
Empezó su carrera judicial en Torrelavega, pero a los tres años ya había sido destinado a Barcelona, al juzgado de instrucción 31. En 1998 pasó a la Audiencia de Barcelona, tribunal que acabó presidiendo. En el 2016 fue nombrado magistrado de la sala de lo penal del Supremo. En su toma de posesión fue apadrinado por el también magistrado Francisco Monterde, instructor del caso Gurtel (curiosa designación en un tema tan complejo, ya que hacía 25 años que no dirigía ninguna investigación judicial). El señor Monterde era vocal del CGPJ a propuesta del PP.
Durante su larga etapa en Barcelona (diecinueve años) fue además jefe de estudios de la Escuela Judicial, centro en el que su esposa Gema Espinosa ocupó durante un tiempo la dirección. Parece ser que en ese período no tuvo especial interés en aprender la lengua del país. Ha sido también portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
Recientemente declaró en un cursillo en la universidad Complutense: “Niego que la justicia española esté politizada”. Al cabo de pocos días compartió mesa en un restaurante de la Costa Brava con el concejal Alberto Fernández, veterano militante del PP, hermano del exministro del Interior, y cuyas opiniones sobre la independencia de Catalunya y sus líderes políticos son sobradamente conocidas.
Ahora el aparato del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) ha salido en tromba para defenderlo ante un tribunal belga por un pleito civil presentado por el señor Puigdemont y otros, por “haber cometido una falta al margen de su función jurisdiccional”. Que en lenguaje común significa por haber roto en público el silencio obligado sobre una causa que está instruyendo. Y lo más grave es que las costas y los honorarios de los abogados los tendremos que pagar los contribuyentes.
Señora Carmen Lamela. Procedente de la Audiencia Nacional, esta magistrada se acaba de incorporar a la sala segunda del Tribunal Supremo. En su posición anterior, fue la primera encargada de instruir la causa contra el proceso catalán, por la que envió a prisión preventiva a los señores Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de dos entidades cívicas catalanas, basándose en el imaginativo relato de la fiscalía, a partir de informes de la Guardia Civil. También, desde ese mismo puesto, abrió el proceso “por delito de sedición” contra el Major de los Mossos señor Trapero y otros responsables del cuerpo.
Licenciada en Derecho por Icade, ingresó en la judicatura en 1986. Pasó por varios juzgados y por la Audiencia de Barcelona, hasta que en 2014 se incorporó a la Audiencia Nacional.
En el 2016 se hizo cargo de la causa contra un grupo de jóvenes de Altsasu, que habían tenido una trifulca de fin de semana con unos guardias civiles de paisano. Justamente al cabo de pocos días recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. Para instruir el sumario se basó fundamentalmente en los informes de la propia Guardia Civil (lo que no parece muy razonable, al ser parte directamente interesada). Los jóvenes fueron acusados de “delito de terrorismo”. Con anterioridad el exministro del Interior señor Zoido ya la había también condecorado en el día de la patronal de la Policía Española.
Como magistrada del Supremo tendrá que decidir si admite a trámite las querellas presentadas por el grupúsculo ultraderechista Vox y la agrupación filofranquista 24DOS (cuyo presidente es el señor González-Cuéllar), contra el abogado Gonzalo Boye, Carles Puigdemont y otros, entre los que se incluye a la jueza belga que admitió la demanda contra Pablo Llarena. El tema se presume difícil, ya que el señor González-Cuéllar es además amigo personal del señor Lesmes, con quien publicó un libro sobre la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, libro que prologaba el exministro del PP señor Catalá.
Señor Antonio del Moral. Magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Fiscal por oposición desde 1983, desempeñó estas funciones en el gabinete técnico de la Fiscalía General del Estado. Vinculado al Opus Dei. En su calidad de instructor del Supremo defendió y logró que la sala de lo penal archivara la causa contra la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP María-José García Pelayo (trama Gurtel). También en el 2015 anuló una sentencia a un policía que era socio del administrador del centro “Schola Iuris”, donde el magistrado daba clases. También fue ponente en el caso Nóos, que supuso una rebaja de pena a Iñaqui Urdangarin respecto a la sentencia dictada por la Audiencia de Palma.
Señor Andrés Martínez Arrieta. Magistrado del Tribunal Supremo. Tiene competencias para controlar las actividades del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Fue uno de los jueces que formó parte del tribunal que absolvió a cuatro agentes de la Guardia Civil, acusados de haber torturado a dos miembros de ETA. Posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado Español por no haber investigado las torturas, exigiendo además que indemnizaran a las víctimas. También formó parte del tribunal que condenó al juez Baltasar Garzón, que había sido instructor del caso Gürtel, a once años de inhabilitación.
Esta zigzagueante trayectoria, llena de irregularidades, hace ya mucho tiempo que viene siendo censurada por GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción y el crimen organizado) – organismo dependiente del Consejo de Europa, del que España forma parte desde 1999. Esa censura se concreta, una y otra vez, en “la absoluta parcialidad de los estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como lo es el CGPJ”.
Son sólo unos pocos jueces, a modo de ejemplo, de una lista que podríamos identificar como “intocables” o, tomando como metáfora el lenguaje cinéfilo de Ian Fleming, personajes “con licencia para matar”, o, si se quiere, para interpretar la ley a su conveniencia. Y es que no es lo mismo tener la autoridad moral que tener la autoridad que te concede el poder.
Y si volvemos a nuestro relato original de los “Roaring Twenties” del siglo pasado, podremos ver que la historia sentenció que en aquellos años hubo un exceso de soberbia y una falta grave de prudencia. Los “intocables” de Eliot Ness, los auténticos, acabaron cometiendo muchos abusos en medio de una borrachera de poder, y el establishment, que los había utilizado, liquidó sin piedad la trama oficiosa organizada. Tuvieron un triste final, muy propio de burócratas en horas bajas, incluyendo al propio Eliot Ness, que murió de un infarto de miocardio a los cincuenta y cuatro años.
