PRESUPUESTOS Y GESTORES
Focus: Política
Fecha: 17/02/2017
El presupuesto es una herramienta de gestión, una herramienta necesaria que señala o debería señalar, con el máximo detalle, como se van a alcanzar los objetivos que se proponen, a través de una asignación de recursos de naturaleza económica, cuya fuente también se precisa. Esto ocurre en el ámbito de lo privado y también en lo público, siendo en este último caso de exigida obligación el máximo rigor y transparencia en la presentación de los datos.
Otro capítulo es la ejecución de ese presupuesto por parte de los responsables asignados y es aquí donde el sistema se pervierte, donde puede haber fugas, malas aplicaciones, cruces de intereses y un rosario de corruptelas que las auditorías identificarán cuando los hechos sean ya historia y su revisión inútil.
Vamos a hablar ahora del Presupuesto Federal de Estados Unidos para el 2017. Y nos referimos al presupuesto del gobierno central y no a los presupuestos de los Estados de la Unión, ya que cada uno de ellos tiene su propio modelo fiscal (ingresos y gastos) y no se producen los arbitrarios movimientos de fondos entre los Estados (en el caso español Comunidades Autónomas), propios de un país centralizado como España, en el que históricamente unas pocas comunidades financian al resto, generando déficits estructurales antieconómicos.
El Presupuesto Federal de Estados Unidos es de unos 4 trillones de dólares (billones en términos europeos). La partida más importante del gasto es la que corresponde al capítulo “Seguridad Social, Desempleo y Trabajo”, que se lleva un 33% del total. Le sigue “Salud y Atención Médica”, con un 27% y “Defensa”, con un 16%. Los intereses de la Deuda suponen un 6% y ninguna de las otras partidas es superior al 4%. Que un 60% del presupuesto tenga un componente social en un país de marcado acento liberal en lo económico, rompe con alguno de los estereotipos al uso.
En cuanto a los ingresos, el 49% procede del “Impuesto sobre la Renta”, el 33% a las “Cotizaciones Sociales” (de empleador y empleado), y el 9% del Impuesto de Sociedades. El resto (9%) son varios flecos.
Que el gobierno propuesto por el señor Trump (que el Congreso tiene que validar individualmente) sea “business friendly”, no es necesariamente malo. Muchos de ellos son multimillonarios y no entran en política “para forrarse”, como explícitamente manifestó el señor Eduardo Zaplana, un notable político del Partido Popular, que por lo que se aprecia ha cumplido sobradamente su objetivo. Personalmente prefiero un gobierno de gente experimentada en el ámbito privado (que haya gestionado y arriesgado su propio dinero), que un gobierno de burócratas como el español (plagado de opositores a funcionarios del Estado), que manejan alegremente recursos que no son de ellos, lo que podría explicar en parte sus continuas malversaciones.
¿Cuál es pues el problema? De momento ninguno, pero podría producirse en la ejecución del presupuesto, vistos los perfiles personales de las tres personas elegidas para gestionar el 76% de los 4 billones de dólares.
El primer fiasco ha sido con el propuesto para Secretario de Trabajo Andrew Franklin Puzder, que fue CEO (Consejero Delegado), de la empresa que dirige las franquicias de la cadena de restaurantes de comida rápida Hardee’s & Carl’s. En esa posición siempre se ha opuesto a la mejora del salario mínimo, a las prestaciones del Obamacare y a otras ayudas laborales. Su argumento es que él empezó desde abajo, preparando bolas de helados, y que ese trabajo no merece pagarse a 15 dólares la hora, que es lo que se está reclamando públicamente en la actualidad. Otra de sus boutades fue decir que “está a favor de los robots, porque los robots no hacen vacaciones, ni nunca llegan tarde”. El pasado miércoles anunció su retirada, frente a la muy probable recusación del Congreso.
El candidato, ya confirmado, a Secretario de Salud es Thomas Edmunds Price, cirujano ortopédico, elegido por Trump para que desmonte el Obamacare, para que haga “cirugía mayor”. Muy vinculado al sector Farma, ha reconocido, en su declaración patrimonial al Congreso, tener acciones de compañías como Aetna, Bristol Mayers Squibb, Pfizer, Eli Lilly y otras, de las que promete desprenderse. Podría haber habido conflicto de intereses, pues la minoría demócrata había pedido al SEC un detalle de sus últimas transacciones financieras. Lo ha superado. Sería justo añadir, para romper otro conocido prejuicio, que el sistema de salud norteamericano es tremendamente caro e ineficiente. En el supuesto de que el tan loado Obamacare llegase a su pleno desarrollo, se estima que en 2024 todavía quedarían 31 millones de ciudadanos sin cobertura de salud. En términos comparativos, el modelo europeo, a un coste muy inferior, es universal y más eficiente.
Dejamos para el final a James N. Mattis, ya confirmado como Secretario de Defensa (un 16% del presupuesto). General retirado del cuerpo de Marines, ocupó la máxima posición militar americana en Irak y Afghanistán. Está en el consejo de administración de General Dynamics (uno de los grandes contratistas de Defensa), empresa de la que ha declarado poseer un millón de dólares en acciones, de las que se va a desprender. Como su última posición de mando fue en el 2013, no habría podido ocupar el cargo de Secretario de Defensa hasta el 2020 (los siete años establecidos en el reglamento), pero curiosamente el Congreso hace un mes ha levantado esa prohibición. Está también en el Consejo de Center for a New American Security, institución financiada por las empresas del sector. Veremos si su disciplina militar tiene el mismo rigor en la asignación de recursos.
Hay que saber diferenciar entre los comentarios públicos a base de “tweets” del presidente Trump y su semanal ración de “Executive Actions”, y los contrapoderes de una sociedad dinámica como la norteamericana. Desde una Europa que pretende dar lecciones de democracia, debemos reconocer que en Estados Unidos –guste o no guste- todo es más claro y transparente.
Y esta transparencia ha quedado bien manifiesta esta semana, cuando el pasado lunes el “New York Times” (que no es “El País”, el “ABC” o “La Razón) publicó una carta abierta firmada por 33 profesionales (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales), en la que expresan serias dudas sobre la “salud mental” del presidente Trump. También comentan que si las asociaciones del sector no se pronuncian no es porque no tengan opinión, sino porque existe un precedente (1973 Goldwater Rule) que lo prohíbe.
Como reconoce el propio Chomsky (“Who Rules de World?” page 149), “Estados Unidos es una inusual sociedad abierta, posiblemente la única, lo que significa que sabemos más sobre ella”.
