REFLEJOS DEL PAÍS VASCO

Focus: Política
Fecha: 26/04/2018

La organización política ETA ha anunciado su disolución inmediata, después de siete años de haber abandonado definitivamente sus prácticas violentas. Es una buena noticia para cualquier ciudadano amante de la paz.

Dentro de unos cuantos años, los historiadores, no implicados afectivamente por los hechos, podrán analizar con detalle las circunstancias en las que se produjo un conflicto sangriento entre una fracción de la sociedad vasca y el aparato del Estado. El conflicto nació en pleno franquismo y se alargó después de la muerte del dictador. Hubo muertos, heridos y afectados en ambos bandos, y también hubo víctimas entre la sociedad civil, en lo que se denomina eufemísticamente “efectos colaterales”, típicos de una guerra.

El Estado Español se apropió del relato y creó asociaciones de víctimas en las que sólo cabían las que consideraba como propias. Hubo intentos de mediación, que acabaron fracasando. La jerarquía de la Iglesia Católica se implicó (recordemos la noble figura del obispo Setién), pero no se halló una salida razonable, una salida como la que el IRA irlandés pactó acertadamente con el gobierno británico.

Los sucesivos gobiernos PPSOE desarrollaron una política penitenciaria muy dura con los presos vascos, política que sigue viva, sin voluntad de mejora. Es una política abusiva y vengativa, que no pretende otra cosa que mantener las heridas bien abiertas.

Ahora, tras el anuncio de ETA, el gobierno español se ha desentendido, sin el menor gesto de reconciliación. El repetido mensaje de que “sin violencia se puede hablar de todo”, ha quedado en un mensaje sin sentido. Lo acontecido en Catalunya en los últimos meses ha demostrado, una vez más, la falsedad e hipocresía de esa propuesta.

Al margen del Estado Español y sus múltiples instituciones, otros dos agentes han aparecido de nuevo en este contencioso: la jerarquía actual de la Iglesia Católica vasca y el PNV, partido que gobierna en Euzkadi.

Los obispos vascos han hecho una declaración meliflua, en la que celebran por un lado el gesto de ETA y por otro dicen que “...pero somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, ambigüedades, omisiones... por las que pedimos sinceramente perdón”. En este comunicado se autocalifican de colaboracionistas de los “malos”. Esos obispos son los mismos que han hecho caso omiso de las peticiones de las Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria, en las que, entre otras cosas, se señala:

 

“Siempre hemos pretendido informaros de unos hechos incuestionables y documentados para pediros un posicionamiento público cristiano de rechazo de la tortura en nuestro país, a la vez que se expresara la condena de todos los que, de un modo u otro la propiciaron: jueces, forenses, policías, medios de comunicación, partidos políticos, gobernantes…

En estos días se ha dado a conocer el informe sobre la Tortura a ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco al equipo dirigido por el forense Etxeberria, y que alcanza la terrible cifra de 4.113 víctimas. Informe documentado a través de entrevistas con las víctimas, contrastado científicamente mediante el Protocolo de Estambul. Próximamente el mismo equipo realizará el estudio en Nafarroa.

El informe muestra la impunidad que ha ocultado los casos de torturas y que, por ello mismo, las ha propiciado.

Y, por ello, les reclamamos a Vds. una autocrítica a sus silencios, su solidaridad con las víctimas de la tortura, y disposición a contribuir con la denuncia, el acompañamiento, reparación y garantías de no repetición”.

 

El PNV, por su parte, no ha dicho nada nuevo. El papel del Partido Nacionalista Vasco también se mueve en un terreno pantanoso. Desde la muerte de Franco ha controlado la mayoría de las instituciones políticas vascas y ha pactado, según conviniera, con los gobiernos del Estado. Ha defendido con acierto su libertad en materia fiscal, pero se ha olvidado de los presos y de sus familias, que son tan vascos como ellos. Ahora, una vez más, tiene la capacidad de bloquear los Presupuestos Generales que presenta el gobierno del señor Rajoy, lo que podría llevar a unas nuevas elecciones generales en el Estado. Con esta carta, hay que preguntarse cómo y por qué no la ha usado nunca en favor de exigir el retorno de sus presos a Euzkadi, cuando sabe sobradamente que esto es lo que pide la mayoría de la sociedad vasca (en el Eurobarómetro de julio 2017, el 74% de la población se declara a favor y sólo un 14% en contra). Ese comportamiento nos lleva a preguntarnos hasta qué punto es auténtica su posición pública en defensa de la Generalitat, previa supresión de la grosera aplicación del 155 por parte del gobierno central.

Cuando los mediadores internacionales cierren el capítulo de este sangriento conflicto, el contencioso vasco seguirá presente, quizás porque para algunos su falso mantenimiento continúa siendo rentable.

El nacionalcatolicismo franquista de la jerarquía eclesiástica y los vascos españolizados del PNV continúan siendo cómplices del terrorismo de Estado, por mucho que pretendan ocultarlo.

Alf Duran Corner

 

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