La Carta del Bosque reconocía el derecho del hombre “libre” a subsistir de los bienes comunales, junto con el de vagar, de viajar sin cortapisas. Consagraba principios de “subsistencia, sin cercamientos, vecindario, viaje y compensaciones”. Fue asimismo la primera carta feminista de la historia al establecer determinados derechos para las viudas, incluido el de recolectar estovars, esto es, cualquier producto de las tierras comunales que necesitaran para su subsistencia. Y también fue la primera carta ecológica, al tratar de preservar los comunes reproducibles y el derecho a “comunar” (trabajar en colaboración) de forma sostenible. Se declaró en contra de las usurpaciones comerciales de los bienes comunales, incluyendo levantar presas en las vías fluviales para beneficio privado, y a favor de compensaciones por usurpaciones anteriores.
No obstante, en el Reino Unido y otros países, a lo largo de los siglos, todas las formas de comunes reproducibles se han visto erosionadas por medidas de cercamiento, privatización y mercantilización dirigidas por el estado. Los cercamientos resultaron cruciales para el surgimiento del capitalismo industrial, al obligar a muchos habitantes rurales a abandonar el campo para pasar a depender del trabajo asalariado en talleres y fábricas. Siguieron a lo largo del siglo XIX, conforme se fueron eliminando derechos de subsistencia. Pero en el siglo XX, al desarrollarse el estado socialdemócrata, el papel de los bienes comunes en la provisión de subsistencia fue yendo a menos. El estado asumió el papel de garante de la subsistencia, dejando a los partidarios de los comunes indefensos ante el asalto de la era neoliberal.
La destrucción de los comunes clásicos ha cobrado proporciones globales. Los gobiernos neoliberales han recurrido a sofismas para justificar no solo la privatización de las “tierras del pueblo”, sino también los recursos del subsuelo y la superficie. Uno de los ejemplos más flagrantes ha sido el saqueo de los minerales en todo el mundo para la industria electrónica, a menudo mediante confiscaciones o usurpaciones de tierra indígena, para su explotación minera, utilizando fuerza de trabajo barata y prescindible.
Otro caso escandaloso es el del petróleo del mar del Norte. Dejando de lado el problema espinoso de si se trata de petróleo británico o escocés, en términos de equidad debería haberse explotado en beneficio del conjunto de la sociedad. Se debería haber aplicado la regla de Hartwick. En cambio, lo que se produjo fue una tremenda transferencia de renta a una élite. A diferencia de Noruega, que creó un fondo soberano con los ingresos por la venta del petróleo, el gobierno de Thatcher vendió áreas de perforación a precios de saldo a unas cuantas multinacionales. Estas recibieron además subvenciones para ayudarles a ampliar la producción, y la mayor parte de los beneficios se dirigieron al extranjero. Resulta irónico que gran parte de la producción del mar del Norte acabara en manos de corporaciones estatales chinas.
Fuente: La corrupción del capitalismo. Guy Standing. Ediciones de Pasado y Presente. Barcelona. 2017.