Según algunos analistas, el esfuerzo que tenía que hacer Grecia para honrar el servicio de su deuda...
Según algunos analistas, el esfuerzo que tenía que hacer Grecia para honrar el servicio de su deuda era superior, en porcentaje del PIB, al que se exigió a Alemania tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y que fue el origen de la segunda conflagración universal. En el seno de la sociedad griega, y por extensión en otros muchos colectivos de otras partes del mundo, se reivindicó la legitimidad de no pagar, bajo el argumento de que una buena parte de lo que el país heleno debía era
deuda odiosa: si un prestamista da dinero a un Gobierno que a todas luces es cleptómano y corrupto, los siguientes Ejecutivos no tendrían la obligación de saldarla. El concepto de
deuda odiosa se atribuye a un jurista y profesor de Derecho Financiero, Alexander Sack, que en el año 1921 publicó un tratado denominado
Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras. En él sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Sack se basó en algunos precedentes del siglo XIX, entre los que se incluía el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I de México, y el rechazo de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por cuba siendo colonia española. En el año 2011 circuló masivamente por la red, a través de Youtube, un documental titulado
Debtocracy (en castellano
Deudocracia), en el que dos periodistas griegos, Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou defendían que la deuda griega era en buena parte ilegítima por los tres motivos citados, y proponían no pagarla. La deudocracia sería el gobierno de los acreedores, un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de ciudadanos afectados, que entra en colisión con la democracia. Es evidente que, por diversas razones, los países no suspenden pagos del mismo modo que las empresas: por lo general, los países no quiebran de forma definitiva sino que recomponen su situación y pasan a otra etapa; su morosidad es casi siempre el resultado de un complejo análisis técnico coste/beneficio, en el que intervienen argumentos políticos y sociales, no solo económicos o financieros; por último, buena parte de los impagos soberanos se produce antes de que la nación en cuestión se quede realmente sin recursos.
Fuente: La economía del miedo. Joaquín Estefanía. Galaxia Gutenberg.Barcelona.2011.
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